Desde este viernes entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en septiembre del año pasado. La norma fue reglamentada parcialmente en marzo, mediante el Decreto 2016/17, y se estableció que sería puesta en marcha el 29 de septiembre. La ley obliga a los tres poderes del Estado a responder la solicitud de datos por parte de cualquier ciudadano, y establece que en 15 días de solicitada una información de carácter público el organismo requerido la debe facilitar. Además están alcanzados los Ministerios Públicos y el Consejo de la Magistratura. También contempla sanciones para los funcionarios que la obstruyan.