Un conflicto por honorarios se generó entre el Colegio de Abogados de Jujuy y la Defensoría del Pueblo, ya que esta última asesoraba a jubilados para los trámites de la Ley de Reparación Histórica. Este última tuvo que renunciar a prestar ese servicio, pero la polémica sigue.
El asesoramiento a la hora de establecer la posibilidad de que jubilados ingresen a las disposiciones del Programa de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados ha resultado una fuente de trabajo de varios letrados, que son quienes deben rubricar con su firma los acuerdos transaccionales que crea la Ley 27.260.
Sin embargo, en la Provincia de Jujuy se llegó a un caso que incluso fue calificado como “competencia desleal” y que motivó la queja del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy. Ocurrió que la Defensoría del Pueblo provincial realizaba profesional y asistencia letrada a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del SIPA en esta materia, en virtud de un convenio firmado entre ANSES y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADRPA).
Ante una denuncia del colegio profesional sobre un posible conflicto de intereses, en virtud de que se realizaría una transacción entre jubilados patrocinados por abogados proporcionados por la Defensoría – que es un órgano de la Administración Pública-, que a su vez pretenden un reajuste previsional, renunciando a futuras acciones judiciales contra el mismo Estado Nacional, la Defensoría suspendió el servicio, pero no se guardó las críticas.
Como respuesta, abogados jujeños reclamaron que se respete el derecho de los jubilados a “un asesoramiento legal integral” para dar “información certera a la ciudadanía”.
Al hacer pública la baja del convenio, el defensor del Pueblo provincial, Javier de Bedia, recordó que “la constitución en el artículo 49 obliga a velar por los derechos en la ancianida”, aunque reconoció que, para no entrar en una cuestión litigiosa con el colegio de abogados decidió suspender ese beneficio gratuito que hacía la Defensoría. “Se trata de una cuestión de pesos”, advirtió. Posteriormente, y al ser consultado sobre si la suspensión es definitiva, de Bedia sentenció:“depende de que el Colegio de abogados acepte y no anteponga intereses económicos sobre los intereses de la sociedad y ancianidad”.
Pero lejos de cerrar la historia, esto provocó una respuesta de los abogados jujeños, que reclamaron que se respete el derecho de los jubilados a “un asesoramiento legal integral” en lo que respecta al Programa, para dar “información certera a la ciudadanía”.
“Es necesario aclarar que la llamada Reparación Histórica requiere que los jubilados y pensionados renuncien a determinados derechos para poder acceder al pago de haberes. Es por ello que el Colegio de Abogados de Jujuy sostiene y ratifica que los jubilados y pensionados no deben ser inducidos a confusión ni deben ser cooptados por entidades públicas ni privadas de ningún tipo. Por el contrario, deben elegir libremente a sus abogados de confianza y ejercer sus derechos de manera libre y debidamente asesorados acerca de las ventajas y también desventajas de un eventual acuerdo con la ANSES”, señala el comunicado de la institución, que reitera que el convenio entra ANSEs y la Defensoria “generaba competencia desleal”