Fuentes judiciales confirmaron a Diariojudicial.com que en los allanamientos simultáneos se buscaron “contratos y toda la documentación que ligue a Bercún con el Citibank y el Ministerio de Economía”.
En otras fuentes de la causa, este diario pudo saber además que se detectó que Bercún sería también empleado del Citibank, o al menos, le prestaría servicios como “asesor externo”, una función similar a la que cumplía hasta hoy en el Ministerio de Economía, con su empresa “C.B. y asociados S.A.”
Esta mañana, el diario La Nación reveló que Bercún trabajaba para el Ministerio, revelación que provocó la inmediata rescisión del contrato por parte del actual titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna.
Los allanamientos de hoy revelan que la investigación judicial parece centrarse sobre el lobbista a quien la senadora justicialista Malvina Seguí identificó como el hombre que visitaba a senadores, presuntamente para negociar las coimas a cambio de que se trabaran en la Cámara Alta varios proyectos que afectaban los intereses de los banqueros.
Hasta ahora, se sabía que Bercún prestaba servicios en la Asociación De Bancos de la Argentina (ABA). El presidente de esa entidad que agrupa a los bancos extranjeros, Mario Vicens, lo admitió ante el juez Bonadío en una tensa declaración testimonial que se realizó esta semana.
Ahora, trascendió además que los contactos del lobbysta se extenderían también al Citibank, cuyas oficinas centrales fueron allanadas hoy por segunda vez. En la primera incursión, la semana pasada, se secuestraron agendas para establecer vínculos entre directivos de la entidad extranjera y el periodista que denunció las supuestas coimas, Thomas Catan.
Además, era ñoqui Pero Bercún sigue acumulando problemas, y ahora ante otro juez. Hoy, el fiscal Guillermo Marijuán lo denunció por malversación de fondos públicos, en una presentación que quedó radicada ante la juez María Servini de Cubría y abarca además a los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Jorge Remes Lenicov.
En un escrito de cuatro carillas que presentó hoy a sorteo en la Cámara Federal, Marijuán explica que Cavallo y Remes mantuvieron como asesor primero y contratado externo después a Bercún, para que “realizara un seguimiento de la actividad parlamentaria para obtener información inmediata, confiable y detallada”.
En ese sentido, el fiscal se basa en la nota de hoy en La Nación, donde se detalla que Bercún cobraba 19.000 pesos por mes por el peculiar servicio, concertados por Cavallo primero y renovados por Remes Lenicov después.
Para Marijuán, “parece realmente increíble que en un país con millones de desocupados y con miles de personas en situación de extrema pobreza se destinen por el Ministerio de Economía la suma de 228.000 pesos por año para conseguir información parlamentaria que es pública y de inmediato acceso”.
“No se entiende cuál fue el justificativo legal” que avalaba tal contratación, dice el fiscal, cuando el Ministerio de Economía “cuenta con un Departamento de Asuntos Jurídicos y otro de Relaciones Institucionales” con personal capacitado por obtener la misma información.
En tanto, hoy no se cumplió con otra declaración testimonial prevista en la causa, la del banquero del HSBC y ex funcionario nacional Emilio Cárdenas.
Según explicó el abogado de Cárdenas, Oscar Salvi, el banquero está en Sudáfrica, en un congreso internacional y remarcó que de cualquier manera “nunca recibimos una citación formal”. “Me llamaron a mi estudio para avisar que Cárdenas debía declarar hoy, pero nunca hubo cédula (de notificación), explicó el letrado.
Otra denuncia
El episodio de las supuestas coimas en el Senado sigue generando denuncias en los Tribunales Federales, a la interpuesta ayer por Cárdenas por calumnias e injurias contra senadores por las imputaciones de “traición a la patria” esgrimidas por miembros de la Cámara Alta se sumó hoy otra, del abogado Juan Carlos Iglesias contra el banquero del HSBC y otros representantes de la banca extranjera.
En la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal 3, subrogado por Rodolfo Canicoba Corral, Iglesias apunta al nombrado Cárdenas y también a Carlos Giovanelli, del Citibank y Manuel Sacerdote, del Bank Boston porque presuntamente “propiciaron la aplicación de sanciones políticas y económicas contra el Estado argentino”.
Según el abogado los tres banqueros -“todos de nacionalidad argentina”, aclara- “han sido acusados por miembros de la Cámara Alta del Poder Legislativo Nacional” de “propiciar sanciones al Estado Argentino” a través de la demora en el acuerdo que la Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional.