Tras una denuncia por abuso sexual a un menor que destapó una ola de corrupción judicial, la Nación designó a veedores para analizar causas sensibles de Tucumán. Muchas de ellas involucran a funcionarios públicos y otras están dormidas hace años en los Tribunales.
En las últimas horas se conoció la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Germán Garavano, de designar a Ana Colombres y Juan Roberto Robles como veedores para investigar 33 causas emblemáticas de la Justicia tucumana.
Muchas de las denuncias alcanzan a funcionarios públicos del gobierno de José Alperovich, como el actual gobernador Manzur, los vocales del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal; el legislador oficialista Zacarías Khoder; al ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Ángel Brito; el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez; la ex jueza Mirta Lenis de Vera; el camarista Eudoro Albo; el fiscal Carlos Sale y el abogado Tomás Robert.
Asimismo, dos ex directivos de la Asociación de Magistrados de Tucumán, el defensor oficial Roberto Paz y la camarista Liliana Vitar; Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3 de la Capital, y Carlos Albaca y Guillermo Herrera, respectivos ex fiscales de los casos “Lebbos” y “Teves”.
Del total de las denuncias, 19 pertenecen al fuero penal y el resto al fuero de familia.
La crisis que vive la justicia tucumana comenzó luego de la denuncia de un padre cuyo hijo fue abusado sexualmente por su abuelo, que fue un funcionario importante del gobierno de Alperovich, con la complicidad de la madre, y a pesar que el niño contó en Cámara Gessell que su ella sabía de los abusos, la jueza de la causa ordenó visitas a su progenitora.
“Angela Rossana Martínez de Albarracín es la Jueza de Familia de la VII Nominación, que en clara connivencia con el Juez Juan Francisco Pisa, de la III Nominación y actualmente sospechado en el expediente bajo auditoria de la Nación, convalidó actos contrarios a toda razón y justicia, ordenando visitas a pesar de la negativa y resistencia del niño a ver a su madre a quien acusa de no haberlo protegido”, expresó Julio César Ruiz, de Adoptare, la fundación que apoya al padre denunciante.
Martínez fue denunciada ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y ante el Colegio de Abogados por “manifiesta parcialidad, malos tratos e intimidación”. También llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de este caso, familiares y víctimas de otras causas se unieron para denunciar “los amiguismos” y “los arreglos” que existen en el sistema de justicia tucumano. Finalmente, el pedido de veedores fue realizado por Alejandro Collia, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
No es la primera vez que la Nación designa veedores para Tucumán. Anteriormente, llegaron a la provincia dos personas que lograron hacer avanzar la causa del asesinato de Paulina Lebbos, que murió en manos de "los hijos del poder" en febrero de 2006.