El Gobierno nacional promulgó la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas (27.401), mediante el decreto 986/2017, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Hasta hoy las penas recaían sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen responsabilidad por los delitos-, pero no sobre las organizaciones. Con esta normativa, Argentina da cumplimiento al pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para ingresar a dicho organismo. El texto incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falso agravados. El régimen será aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.