La notificación fue cursada –al menos hasta donde se pudo detectar—a los juzgados federales a través de una nota de una carilla enviada por esa dependencia del Ministerio de Justicia.
En la notificación se deja expresa mención que la medida no afectará los casos ya existentes de personas cuya protección fue requerida por cuestiones de seguridad personal, mientras se señala que los magistrados deberán abstenerse de enviar nuevos casos que supongan gasto alguno, ante la “gravedad financiera” por la que atraviesa el área.
El Programa de Testigos Protegidos fue creado por ley y forma parte del paquete de figuras requeridas por la Justicia –que incluye también la del “arrepentido—para avanzar en causas Penales. En el expediente de la investigación por el atentado a la AMIA se puede contar una veintena de personas que figuran o figuraron como testigos protegidos.