La procuradora Laura Monti dictaminó a favor de la competencia originaria del Máximo Tribunal en un amparo interpuesto por una organización ambientalista pampeana pide que se suspenda el proyecto hidroeléctrico de Mendoza. El conflicto se suma a la histórica pelea por el Atuel.
Un nuevo conflicto entre la provincia de Mendoza y La Pampa llegó a la Corte Suprema. Se trata amparo colectivo para que se suspenda la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento que pretende poner en marcha la provincia de Mendoza sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado, “sin haber cumplimentado el debido estudio de impacto ambiental que prevé la normativa vigente”.
La acción fue interpuesta por una organización ambientalista contra Mendoza y el Estado Nacional, con el argumento de que "no se realizó un estudio de impacto ambiental que comprenda los efectos de todo tipo" que causará sobre la "Cuenca del Río Colorado", que atraviesa cinco provincias.
En este escenario, la procuradora fiscal de la Corte Suprema, Laura Monti, dictaminó que el proceso "Fundación Chadileuvu c/ Mendoza, Provincia de y otros (Estado Nacional) s/ Amparo ambiental" debe tramitar en la instancia originaria del Máximo Tribunal.
En efecto, Monti recordó que en los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria procede “si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal”, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en la Ley General del Ambiente 25.675, que dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando "el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales".
“(…) Tiene que tratarse de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o internacional”, señaló el dictamen.
En el caso puntual, Monti concluyó el “carácter federal de la materia del pleito” ya que se “encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural de carácter interjurisdiccional”, y además están demandados la provincia de Mendoza, el Estado Nacional y un organismo interjurisdiccional.
Cabe recordar que la Corte Suprema recientemente ordenó a las provincias de La Pampa y Mendoza un programa de ejecución de obras que “contemple diversas alternativas de solución técnica” en relación con la problemática hídrica, en el marco del histórico conflicto por la cuenca del Rio Atuel.