Debido a la falta de resolución en el caso de los ciudadanos chinos apátridas, que fueron estafados con una ciudadanía argentina trucha, uno de ellos no pudo viajar a su país para asistir al funeral de su padre.
En 2006 cientos de ciudadanos chinos renunciaron a la ciudadanía de su país, donde no se permite la doble nacionalidad, para poder obtener la argentina. Pero fueron estafados por una empleada judicial en Córdoba, Olga Liliana Borneo Santillán, que falsificó la firma de un juez y un fiscal.
Si bien la mujer responsable de la estafa recibió una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de $70, el problema está lejos de solucionarse. Actualmente, todos esos ciudadanos no tienen pasaporte, documento, ni siquiera una ciudadanía de origen. Son apátridas permanentes.
Al enorme problema se sumó el caso de Yu Nai Feng que no pudo viajar a su país para despedirse de su padre, que se encontraba muy enfermo, y falleció días después. Debido a todas las trabas burocráticas tampoco llegó al funeral.
Lo extraño del caso es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia donde le ordenó al juez Víctor Bustos Fierro, titular del juzgado Federal N° 1 de Córdoba donde sucedió la estafa, a devolverle la ciudadanía argentina a los damnificados, pero este se negó.
Diario Judicial dialogó con Deborah Huczek, la abogada que lleva adelante la causa, quien explicó que Feng vive en el país hace 20 años, tiene un supermercado, inmuebles a su nombre y paga impuestos como un ciudadano más, pero nada de eso alcanza.
Cuando pidió ayuda para que su defendido pueda viajar al funeral de su padre, le sugirieron que solicite en Migraciones un documento chino, pero si él acepta esa condición no puede regresar a la Argentina. Una paradoja legal que lo dejó en un callejón sin salida.
Lo extraño del caso es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia donde le ordenó al juez Víctor Bustos Fierro, titular del juzgado Federal N° 1 de Córdoba donde sucedió la estafada, a devolverle la ciudadanía argentina a los damnificados, pero este se negó.
Por ese motivo, Huczek, explicó que remitieron la causa a la Cámara para que tome medidas porque Bustos Fierro desoyó la orden de su superior.
Otro punto a tener en cuenta es que la ley de Migraciones que sostenía que con dos años de residencia contínua en el país el extranjero puede acceder a la ciudadanía, fue modificada por el decreto emitido por el Poder Ejecutivo en marzo y, desde entonces, la residencia sólo es otorgada con un permiso de Migraciones.
Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que Feng, así como la mayoría de los estafados que habita en el país, a ellos se le está aplicando la retroactividad de una ley, condición que está prohibida en Argentina.
La letrada adelantó que están considerando iniciarle una demanda por daños y perjuicios al Estado por todas las complicaciones que sufrieron estas personas y, de no llegar a un acuerdo pronto, elevarán la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.