Alejandra Gils Carbó se despide como procuradora general tras cinco años en el cargo para acogerse al beneficio jubilatorio. Eduardo Casal será el encargado de conducir la transición hasta el nombramiento del nuevo jefe de los fiscales. El futuro del organismo.
Finalmente, Alejandra Gils Carbó dice adiós y se despide de su cargo en medio de críticas y cuestionamientos a su gestión en el Ministerio Público Fiscal.
Gils Carbó nació en 1958 y obtuvo su título de abogada en la Universidad de Buenos Aires. Se inició en el Poder Judicial como secretaria de un juzgado comercial de primera instancia. Años más tarde fue ascendida al cargo de prosecretaria letrada de la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y en 1994 ingresó al Ministerio Público Fiscal.
Luego accedió por concurso al cargo de fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación. El entonces procurador Nicolás Eduardo Becerra la nombró fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. En 2004 fue designada fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
En 2012 llegó a la Procuración, tras la renuncia de Esteban Righi. Fue nombrada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con acuerdo del Senado.
Su paso por el organismo generó elogios y críticas. Durante su gestión se crearon unidades fiscales especializadas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, los delitos de lesa humanidad y los secuestros extorsivos, entre otros. Además se organizaron oficinas de acceso a la justicia en barrios carenciados.
Sin embargo, en los últimos meses fue blanco de críticas por supuestas “arbitrariedades” en el nombramiento y traslado de fiscales. A esto se le sumó la resolución del juez Julián Ercolini, quien resolvió su procesamiento por presuntas "irregularidades" en la compra de un edificio para el MPF, ubicado en el microcentro porteño.
En este escenario, el Gobierno nacional hizo varios intentos desde el Congreso para separarla de su cargo e incluso barajó la posibilidad de removerla por decreto.
Gils Carbó presentó su renuncia el 30 de octubre pasado, para hacerse efectiva el 31 de diciembre. Su lugar fue ocupado interinamente por el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, quien conducirá la transición hasta el nombramiento del nuevo jefe de los fiscales.
El Gobierno nacional retomará en febrero el debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal, que busca limitar la discrecionalidad del procurador para conducir el destino del organismo.
La intención del Ejecutivo es que el Congreso retome su actividad en febrero, dos semanas antes de la apertura de las sesiones ordinarias de 2018, para avanzar con la iniciativa. Una vez aprobada, se abrirá el procedimiento para la designación del nuevo procurador.
El proyecto, que aún no cuenta con dictamen de comisión, establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios, por lo que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 legisladores. También fija que el mandato en cinco años, con posibilidad de ser reelegido por única vez por dos años más.
También modifica el proceso de juicio político y dispone un mecanismo más flexible, ya que el futuro procurador podrá ser removido a iniciativa fundada del Poder Ejecutivo o de cualquier legislador de la Cámara de Diputados, que deberá aprobarla por mayoría absoluta de sus miembros presentes. En ambos casos se requiere el acuerdo del Senado por la mayoría absoluta de sus miembros, previa participación del interesado.