El Ministerio Público Fiscal enfrenta un futuro incierto tras la renuncia de la Procuradora General. Los cambios en el organismo, la reforma procesal penal y los nombres que suenan para ocupar la vacante.
La salida de Alejandra Gils Carbó dejó vacante uno de los puestos más codiciados. Su lugar fue ocupado interinamente por el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, quien conducirá la transición hasta el nombramiento del nuevo jefe de los fiscales.
Desde el Gobierno calculan que el pliego recién será tratado por el Senado a mediados de año, cuando el presidente Mauricio Macri inicie formalmente la postulación.
El Poder Ejecutivo ya piensa en el reemplazante de Gils Carbó y hay varios nombres en carpeta, entre los que se destacan el fiscal Raúl Pleé y la jueza Inés Weinberg.
Sin embargo, antes de abrir el procedimiento de designación, el Ejecutivo espera retomar en febrero el debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal, que busca limitar la discrecionalidad del procurador para conducir el destino del organismo.
La intención del Gobierno nacional es que el Congreso discuta la iniciativa durante las sesiones extraordinarias, previstas para febrero. Este será el primer paso, ya que una vez aprobada, se abrirá el procedimiento para la designación del nuevo procurador.
El proyecto recibió diversas observaciones por partes de los fiscales y asociaciones civiles, por lo que se espera que su paso por el Congreso no sea un “trámite exprés” y requiera consenso entre los bloques parlamentarios.
El texto, que aún no cuenta con dictamen de comisión, establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios, por lo que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 legisladores. También fija que el mandato en cinco años, con posibilidad de ser reelegido por única vez por dos años más.
También modifica el proceso de juicio político y dispone un mecanismo más flexible, ya que el futuro procurador podrá ser removido a iniciativa fundada del Poder Ejecutivo o de cualquier legislador de la Cámara de Diputados, que deberá aprobarla por mayoría absoluta de sus miembros presentes. En ambos casos se requiere el acuerdo del Senado por la mayoría absoluta de sus miembros, previa participación del interesado.
A futuro, el Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano, también buscará poner en marcha la reforma procesal penal que implemente el sistema acusatorio, que establece un proceso penal más ágil y pone la responsabilidad de las investigaciones en cabeza de los fiscales.