Penal a favor

A casi un año de que el Poder Ejecutivo Nacional creara, mediante el Decreto N°103/17, la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación para crear un anteproyecto “de reforma y actualización integral” del Código, sancionado en 1921 pero con una innumerable cantidad de parches a lo largo del tiempo, el texto está  listo y será presentado en los próximos días a las autoridades. Se espera que el presidente Mauricio Macri anuncie el envío del proyecto de reforma en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo.

La comisión, dirigida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, está conformada por jueces y fiscales del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, miembros del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad y Desarrollo Social, profesores universitarios y abogados “que se encuentran vinculados con la práctica profesional y la problemática diaria del ejercicio del derecho penal”.

Principales aspectos

El borrador, al que accedió Diario Judicial, detalla que el nuevo Código, de aprobarse, tendrá una nueva estructura, dividida en tres libros. El primero, siguiendo al Código original, será la “parte general”, en la que se legisla sobre jurisdicción, determinación de a pena, reincidencia, concurso de delitos, e incluye dos puntos estratégicos: la responsabilidad penal de personas jurídicas y las “Pautas de determinación de la pena”.

Según pudo saber este medio, el proyecto propone la supresión de la pena de reclusión – que incluía reclusión y trabajos forzados-  hoy por hoy inaplicable, como así también la pena de reclusión por tiempo indeterminado, que fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia pero se encuentra vigente en el caso de Carlos Robledo Puch.

La comisión también evalúa incorporar alternativas al cumplimiento de la pena e incluso posteriores a ella, como el instituto de seguimiento socio judicial “a fin de reducir los índices de reincidencia por medio de una asistencia periódica (revisable también de manera habitual) del condenado”.

Esto sería aplicable a los condenados por delitos sexuales, que muestran un alto grado de reincidencia. “La perspectiva es que este instituto funcione como un mecanismo de prevención especial”, aseguran desde la comisión.

En materia de cumplimiento de la pena, cambia también el régimen de la libertad condicional, manteniendo la regla de que los reincidentes no podrán acceder al beneficio, salvo que hubiesen cumplido 35 años de prisión (y en caso de multi-reincidencia, el requisito temporal asciende a 40 años de prisión), y hayan obtenido un informe pericial “que pronostique su reinserción social, bajo determinadas condiciones”.

“Ello, a los efectos de reconocer un límite temporal a las penas perpetuas impuestas a reincidentes y así contrarrestar el argumento principal en base al que la jurisprudencia (minoritaria) considera inconstitucional la reincidencia·, justifica el texto. Al igual que el anterior anteproyecto, elaborado por una comisión presidida por el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el Código pone como pena máxima los 35 años de prisión.

Sumado a ello, tampoco se concederá la libertad condicional a los condenados por delitos “violentos” que “hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o psíquicos o la muerte”. Esta regla se aplica a celitos como el de abuso sexual agravado, corrupción de menores, explotación de la prostitución, secuestro extorsivo, tortura, desaparición forzada de persona, trata de personas y terrorismo.

Otra de las novedades es la incorporación de “criterios objetivos y claros para la  determinación de la pena”, lo que implica menor poder discrecional a los jueces a la hora de imponer el castigo penal. El borrador adelanta que, por ejemplo, esos parámetros “exigen que se parta del tercio superior de la escala penal prevista para un delito cuando el hecho se ejecute con alevosía, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima o produciéndole especial sufrimiento”, o “cuando haya sido cometido por motivos discriminatorios, o con violencia de género, o despreciando una condición de vulnerabilidad de la víctima”, por ejemplo. Las “reglas” también contienen criterios “atenuantes”: los magistrados también deberán valorar “la miseria o dificultad del agente de ganarse el sustento propio o de los suyos”, por ejemplo.

Nuevos delitos

El segundo libro, el de la “Parte Especial” refleja una modificación en algunos tipos penales. Los más salientes, los homicidios “agravados” siguiendo las pautas del Código Civil y Comercial ( la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo).

También se mantienen agravantes previstas para el homicidio imprudente en siniestros viales. El anteproyecto prevé la sanción de estos hechos con una pena de cumplimiento efectivo cuando el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima. Del mismo modo que cuando el conductor hubiera estado bajo los efectos de estupefacientes o alcohol o si hubiere participado de una “picada. A su vez, los organizadores y promotores de las “picadas” serán sancionados con la misma pena que el autor del homicidio.

El aborto, además, no se “despenaliza”, sino que se mantiene la figura del aborto no punible y las causales actuales, con una “redacción superadora” que sigue la jurisprudencia de la Corte en la causa F.A.L. “estableciendo que el aborto no será punible cuando el embarazo provenga de un abuso sexual”.

Siguiendo la tendencia mundial, la nueva norma también incorpora las nuevas figuras correspondientes a los llamados “delitos informáticos” como tenencia de pornografía infantil, grooming, stalking y demás ciberdelitos. También se incorporan en títulos independientes los delitos de tráfico y permanencia ilegal de migrantes, delitos cometidos en el marco de espectáculos y los delitos contra la propiedad intelectual, marcas y patentes.

En cuanto a los delitos de “corrupción” definidos como delitos contra la administración pública, el anteprotecto eleva “sustancialmente las escalas penales”, en particular de los delitos “de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos” (de 1 a 6 años de prisión que tiene la escala actual se pasaría a una escala de 3 a 10 años de prisión).

Sobre los agravantes del cohecho o tráfico de influencias, se amplían los supuestos agravantes (hoy sólo se sancionan a jueces y fiscales) al caso del Presidente, Vice, Jefe de Gabinete, Ministros, Gobernadores, Intendentes o Legisladores.

El anteproyecto también prevé un capítulo especial de protección de “bienes jurídicos” relativos a derechos de los trabajadores. Se contemplan delitos como acoso o mobbing laboral, o “aquellos previstos en leyes especiales” como la Ley de Riesgos de Trabajo.