El proyecto de declaración pide que el Alto Tribunal de Justicia revise el pronunciamiento que ha hecho a través de la acordada 1/2000 en la que declara inaplicable en el ámbito del poder judicial la ley de Etica Pública.
Los legisladores formularon ese reclamo en el entendimiento que la resolución por la cual la Corte se preservó la custodia de las declaraciones juradas "seguramente no expresa la opinión de la mayoría de sus magistrados y funcionarios".
Además sostuvieron que con esta posición, "la Corte se auto-excluye de un mecanismo amplio de control que responde a la creciente demanda social de mayor transparencia en el ejercicio de la función pública".
Los legisladores dicen en el escrito, que el Congreso de la Nación ha dictado la ley de Etica Pública que la Constitución Nacional le encomendara, en el entendimiento de que el Poder Judicial acompañaría la iniciativa en tanto último garante del efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales.
Finalmente, exhortan a la Corte a revisar su posición, reconociendo y acatando los alcances de la ley 25188, en lo referido a la necesaria publicidad de las declaraciones patrimoniales de los magistrados y funcionarios.
En la última acordada, seis de los nueve ministros de la Corte Suprema entendieron que reservarse la declaración jurada de los jueces era una manera de preservar la independencia de los magistrados. También rechazaron integrar la Comisión Nacional de Etica Pública que funcionará en el ámbito del Congreso.
La Corte se encargará de aceptar o rechazar las solicitudes de quienes quieran conocer el inventario de bienes de los jueces.
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