La Red de jueces Penales bonaerenses puso reparos a la sanción de las leyes que prorrogan la emergencia en seguridad y la que modifica la Policía Judicial. Alertan que la creación de un cuerpo de Detectives de los Agentes Fiscales “va a generar nuevos problemas”.
La reciente promulgación de las leyes 14.990 y 15.005, que prorrogan la declaración de la emergencia en materia de Seguridad y Salud Penitenciaria y derogan la ley 14.424 de creación de la Policía Judicial para modificarla, generaron críticas de parte de algunos magistrados.
Un documento de la Red de Jueces Penales Bonaerenses sale al cruce de ambas iniciativas, al expresar, en síntesis, que la prórroga de ememrgencia “agrava el cuadro carcelario actual” a la vez que la modificación de la anterior legislación sobre la Policía Judicial va a traer “más problemas”.
“La disposición de una nueva emergencia en Seguridad y Salud Penitenciaria, importa una fórmula para excepcionar al Estado provincial de sus obligaciones legales y constitucionales, agravando el cuadro carcelario actual, que en muchos casos cursa en condiciones de absoluta precariedad, totalmente inidóneas para la resocialización de los internos”, indica el texto suscripto por el presidente y vice de la asociación, el magistrado de la Cámara de Garantías de San Isidro, Gustavo Herbel, y la también camarista de Trenque Lauquen, Adriana Nanni.
A s u vez, el texto critica el retraso de la implementación de la Policía Judicial “prevista en la reforma constitucional de 1994 y demandada desde todos los sectores de la magistratura penal bonaerense”.
La Red de Jueces penales asegura que la derogación de la ley vigente “y una propuesta de dictar otra que se limita a crear un cuerpo de Detectives de los Agentes Fiscales” sigue retrasando la puesta en marcha del cuerpo especial. La norma, es su articulado, indica que la Policía Judicial “se implementará en forma progresiva en función de la disponibilidad de recursos materiales y humanos conforme los perfiles requeridos en cada caso”.
Para la asociación, la reforma no pone “el debido énfasis en generar un cuerpo de policía judicial, lejos de aplacar la acuciante situación en materia de seguridad, va a generar nuevos problemas para la provincia”.
Es que, según el documento, este cambio legislativo vino a desvirtuar “los fines previstos en la legislación derogada, es decir, constituir en un cuerpo policial especializado y realmente independiente del poder político, que actúe como verdadero auxiliar de la Justicia”.