El Consejo de la Magistratura de la Cuidad reducirá sus gastos en un 20 por ciento. La medida se aplicará en empleados, viajes, becas y asesores. El CPACF y la UEJN pidieron investigar las responsabilidades administrativas y penales de los miembros del organismo.
A raíz de las críticas por la creación de nuevas estructuras y reasignación de empleados, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires apretó el cinturón y aprobó una reducción del gasto en un 20 por ciento.
En una reunión de urgencia y en el medio de la Feria Judicial de verano, el Plenario del organismo definió por votación unánime un “Plan de Readecuación Administrativa y de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad”.
Esta medida se dio luego de conocerse la resolución 1171/17 que creó nuevas dependencias y reformó algunas existentes dentro órgano encargado de designar y enjuiciar magistrados porteños. Actualmente la Justicia porteña emplea un total de 6.000 personas, de los cuales 1037 al Consejo, una cifra elevada que crece año tras año.
La resolución despertó diversas críticas ya que va en contra del pedido del Gobierno nacional de “reducir” el gasto público. A estos cuestionamientos se sumó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que manifestó su “preocupación” y solicitó investigar la posibles "responsabilidades políticas y/o criminales”.
Se eliminarán el pago de pasajes al exterior y la financiación de becas internacionales. En la misma línea, el Pleno decidió reducir la cantidad de asesores que cada consejero puede designar en su planta.
“Encontrándose involucrados dineros públicos que los vecinos de nuestra Ciudad sufragamos mediante el pago de ABL, Patente Automotor y otros cargos e Impuestos, es que venimos a solicitar que se proceda a la realización inmediata de las investigaciones reales, serias y concretas, sin importar sus resultados, consecuencias ni los posibles involucrados o responsables”, requirió el presidente de la entidad, Jorge Rizzo, mediante un comunicado.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) también pidió investigar las designaciones y la ejecución presupuestaria, para así “delimitar las responsabilidades administrativas y penales de los miembros actuales y por lo menos los de la gestión anterior”.
El gremio que lidera Julio Piumato aprovechó la ocasión para plantear sus reparos frente al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad, impulsada por el Gobierno Nacional. Así le solicitaron al Congreso que “archive” la iniciativa que se encuentra a la espera de su tratamiento.
Menos empleados, viajes, becas y asesores
El Consejo porteño se comprometió a reducir su planta permanente, pero “sin despedir a ningún trabajador”. Para ello, se promoverá la jubilación de sus empleados en edad jubilatoria, como así también encabezando un plan de retiro voluntario con la participación de las asociaciones gremiales y prohibiendo el ingreso y nombramiento de nuevo personal hasta alcanzar la planta optima de 875 agentes.
También se eliminarán el pago de pasajes al exterior y la financiación de becas internacionales. En la misma línea, el Pleno decidió reducir la cantidad de asesores que cada consejero puede designar en su planta.
La presidenta del Cuerpo, Marcela Basterra, advirtió que “la planta de asesores políticos se va con su jefe político”, lo que significa que una vez finalizado el mandato de los consejeros “deben cesar en sus funciones no pudiendo pasar a formar parte de la planta permanente”.