De este modo, los denunciantes reclamarán la intervención de la CIDH en el marco de una audiencia de seguimiento de la reunión de trabajo que se realizó en julio en Buenos Aires y solicitarán una “visita in loco” de la Comisión para evaluar la situación de los derechos humanos en Argentina.
Según se informó por medio de un comunicado, el fin de la denuncia es demostrar ante la CIDH “la privación sistemática de justicia a que se encuentran sometidos los habitantes del país, en razón de la notoria falta de independencia e imparcialidad de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia”.
Además, se destaca que esa alegada falta de imparcialidad, “erosiona directamente los pilares del Estado de Derecho”, y “socava la necesaria credibilidad de la sociedad en las instituciones democráticas, y especialmente en el Máximo Tribunal, garante último de los derechos y libertades esenciales en el ámbito nacional”.
Las dos entidades de abogados y el CELS remontan su denuncia a las modificaciones en la composición de la Corte impulsadas por el ex presidente Carlos Menem, en 1990, y a la “funcionalidad del nuevo tribunal a los intereses del Poder Ejecutivo”.
Para los futuros denunciantes, la designación de magistrados de ostensible carácter partidista y sin los antecedentes, la trayectoria pública y el prestigio necesarios para ocupar el cargo, constituyó “una fuente de deslegitimación del Máximo Tribunal
Entre otras cosas, se informará a la CIDH que ante “el riesgo” de que la Corte Suprema dictase nuevos fallos que afecten su plan económico, “Duhalde inició una etapa de acercamiento a los jueces del máximo tribunal con el objeto de alcanzar algún acuerdo institucional que le permitiese llevar adelante su plan de gobierno”.
La presentación, según se expresa, está motivada en el “firme convencimiento de que una democracia sólida y estable requiere, para su funcionamiento, un Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares y capaz de realizar el valor justicia. Ello en la medida en que constituye el control de legalidad y de tutela de derechos fundamentales necesarios para un Estado de Derecho”.
La última visita de la Comisión Interamericana fue en 1979 y los peticionantes entienden que la crisis del sistema de justicia no representa una situación aislada sino que da cuenta del profundo deterioro de las instituciones democráticas en la Argentina y justifica la demanda de la intervención del órgano de protección de derechos humanos de la OEA.