La Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto que reformó de la Ley de Migraciones. Para los jueces, la medida era un "retroceso en materia de Derechos Humanos".
La Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, declaró inconstitucional el decreto 70/2017, que reformó de la Ley de Migraciones, dictado por Mauricio Macri el año pasado para endurecer la política migratoria.
Los miembros del Tribunal hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto por varias organizaciones sociales, como el CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Colectivo por la Diversidad, y resolvieron que el decreto emitido por el presidente viola la Constitución.
Treacy y Gallegos Fedriani, con la disidencia de Alemany, sostuvieron que el decreto modifica una ley dictada por el Congreso Nacional, "estableciendo condiciones regresivas en materia de protección de los derechos humanos".
En esa línea, los jueces resaltaron que "la violación de leyes migratorias nunca puede ser per se equiparable a la violación de las leyes penales, como para que la primera respuesta que den los Estados frente a la migración irregular sea la detención".
Para los magistrado, el decreto "no guardan proporcionalidad ni razonabilidad con los fines que se pretende alcanzar, pues, a partir de la vinculación que se arguye entre criminalidad y migrantes, se establece un mecanismo sumarísimo de expulsión aplicable a cualquier extranjero, sin consideración a sus circunstancias personales, tenga o no antecedentes penales”.
Por último, los camaristas hablaron de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los extranjeros. "El decreto no hace más que perpetuar esta situación de sometimiento, respecto de todos los migrantes, ya que no se limita a los casos de quienes tienen antecedentes penales o específicamente a quienes poseen antecedentes penales por infracciones a la Ley de Estupefacientes”, explicaron.
La controvertida norma emitida por el Poder Ejecutivo buscaba acelerar el proceso de expulsión de los extranjeros acusados de cometer delitos y sin la necesidad de una condena firme. Asimismo, preveía la deportación de aquellos con pedidos de captura internacional por delitos graves como trata de personas o narcotráfico.