Una sentencia que ordenó indemnizar a un ex gerente del Citibank con $5 millones por una incapacidad producida por “un cuadro de crisis por estrés laboral” fue dejada sin efecto por el Máximo Tribunal, que entendió que se fijó “dogmáticamente” el monto indemnizatorio.
Como ocurrió a lo largo del 2017, la Corte Suprema de Justicia dictó un nuevo fallo donde cuestiona resoluciones de la Justicia del Trabajo. Una vez más, el Máximo Tribunal tuvo como víctima a la Sala III de la Cámara Laboral, a la que le dejó sin efecto un fallo en el que había fijado una indemnización millonaria.
Fue en el marco del expediente “M.P.M. C/ Citibank N.A. S/ Despido” donde los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz calificaron de “dogmática” la fijación de una indemnización millonaria aun ex gerente del Citibank por los daños y perjuicios que le provocó el estres de trabajar en la institución durante más de veinte años.
La Cámara, en un voto liderado por Diana Cañal- al que adhirió Néstor Rodriguez Brunengo- valoró las declaraciones testimoniales vertidas en la causa como “reveladoras de las tensiones vividas por el demandante en el ámbito laboral”.
La Cámara resolvió “reducir el monto de condena” a $1 millón más otros $200.000 por daño moral por tener acreditado que la actora había sufrido un colapso psicosomático “de una magnitud considerable”. Esa decisión, computando los intereses, se calculó en $5 millones aproximadamente.
Tensiones tales como “el alto grado de responsabilidades de diversa índole, de exposición y de exigencia, una modalidad sofocante de trabajo y falta de respuesta de los superiores” y concluyó que esas vivencias desencadenaron un estado de malestar que derivó en un cuadro de crisis por estrés laboral.
Los jueces tuvieron acreditada una incapacidad de 5% - atribuida a un cuadro de hipertensión- y otro 10% a la “depresión neurótica o reactiva moderada” y, al momento de fijar la indemnización, lo hicieron teniendo en cuenta los valores actuales.
Para los supremos la Cámara “se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización y ' a elevarla a más del doble de la determinada en primera instancia sin proporcionar ningún tipo de fundamentación que justificara los valores que alcanzó”.
En su fallo, la magistrada propuso “reducir el monto de condena” a $1 millón, más otros $200.000 por daño moral por tener acreditado que la actora había sufrido un colapso psicosomático “de una magnitud considerable”. Esa decisión, computando los intereses, se calculó en $5 millones aproximadamente.
Para los supremos la Cámara “se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización y a elevarla a más del doble de la determinada en primera instancia sin proporcionar ningún tipo de fundamentación que justificara los valores que alcanzó”.
En ese marco, el fallo agrega que esa justificación resulta relevante “no solo porque las sentencias deben ser fundadas, sino porque la suma establecida superó ampliamente la solicitada por la actora al expresar agravios ($600. 000 por daño material y $ 300.000 por daño moral, fs. 397 y vta.)”.
Suma “que ya resultaba una pretensión muy por encima a la requerida en el escrito inicial -de $200.000 y $50.000 respectivamente”. Los supremos concluyeron que la Cámara “no dio a la controversia el debido tratamiento conforme a los términos en que fue planteada, a las constancias de la causa y al derecho aplicable” y por ello el fallo resultaba arbitrario.