El Máximo Tribunal parece tener un inédito rol fiscalizador en la Justicia: pidió una auditoria al Congreso sobre la filtración de escuchas telefónicas y también que se investigue en el Consejo de la Magistratura cómo se integró la Cámara que liberó a Cristóbal López. Se suma a la iniciativa de auditar a la Justicia Federal.
La Corte Suprema abre distintos frentes de acción y en el último tiempo adoptó decisiones que significan una mayor intervención en su rol como cabeza del Poder Judicial. En las últimas 24 horas solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue la integración de la Cámara Federal en la causa en la que se resolvió excarcelar a Cristóbal López y Fabián de Souza y también que se abra una investigación sobre la filtración de escuchas telefónicas.
Luego de la filtración de escuchas telefónicas que sirvieron como pruebas en una causa.En este último aspecto, los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz pidieron al la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional la realización de una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado.
El Máximo Tribunal busca determinar si existen elementos “que permitan establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales” obtenidas como prueba en el marco de la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi tuvo su origen en la Dirección de Escuchas
También le pidieron al juez Rodolfo Canicoba Corral – quien instruye la causa iniciada a raíz de la filtración de las escuchas- que informe si se detectaron “circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección” o “si existe alguna observación respecto la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia” por parte de la ex Ojota.
Los pedidos de explicaciones por parte de la Corte pueden leerse en un contexto en el que el Tribunal muestra una mayor iniciativa a la hora de auditar el rol de las distintas dependencias que conforman el Poder Judicial.
El Máximo Tribunal busca determinar si existen elementos “que permitan establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales” obtenidas como prueba en el marco de la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi tuvo su origen en la Dirección de Escuchas, que desde principios de 2016 pasó de la órbita de la Procuración General de la Nación a la de la Corte.
Pero el pedido al Congreso se efectuó porque en las tareas de "escucha", ademas de funcionarios de la Dirección “pueden intervenir -conforme lo disponga la autoridad judicial de la causa-, personal de las Fuerzas de Seguridad de la Agencia Federal de Inteligencia”.
La Dirección de Escuchas dio explicaciones
Mediante un comunicado que no cuenta con firma la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado informó que es una autoridad independiente de la Corte y que es "el único órgano autorizado para captar comunicaciones por orden de fiscales y jueces, pero no tiene ningún acceso al contenido de las mismas".
Al finalizar el documento la Dirección dice repudiar "enérgicamente cualquier difusión pública que se haga de cualquier tipo de contenido", porque "no sólo lesiona la confianza pública" y la integridad del organismo "sino además implica una intromisión inadmisible en la intimidad de los ciudadanos sometidos a un proceso judicial".
La Dirección explicó que su tarea consiste en entregar los audios a los magistrados requirientes, y que para ello cumple con todos "los protocolos de cadena de custodia y procedimientos de mínima intervención establecidos al efecto". Luego de ello, en las causas judiciales "se han entregado los audios a las partes, y en ese momento cesa la cadena de custodia por orden judicial".
Al finalizar el documento la Dirección dice repudiar "enérgicamente cualquier difusión pública que se haga de cualquier tipo de contenido", porque "no sólo lesiona la confianza pública" y la integridad del organismo "sino además implica una intromisión inadmisible en la intimidad de los ciudadanos sometidos a un proceso judicial"
Auditoría suprema
Los pedidos de explicaciones por parte de la Corte pueden leerse en un contexto en el que el Tribunal muestra una mayor iniciativa a la hora de auditar el rol de las distintas dependencias que conforman el Poder Judicial.
Es que las solicitudes de informes sobre presuntas irregularidades en la conformación de una Cámara o por la filtración de escuchas obtenidas en el marco de un proceso penal, se suman a la creación de una oficina que se encargará de "efectuar el relevamiento, supervisión, control del funcionamiento, de gestión y auditoría de los tribunales y demás órganos de la administración de justicia que le encomiende la Corte".
En su primera acordada del año la Corte ya habia dado adelantos de esta nueva política al resaltar la necesidad de contar con "un mecanismo adecuado tanto para ejercer el control " que la función de superintendencia del Tribunal impone, como también "para obtener una información respecto del funcionamiento de los organismos jurisdiccionales y demás dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación".