María Fernanda Rodríguez es Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (CAJ) y Coordina el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas. También se puso al frente del Cuerpo de Abogados y Abogadas de Víctimas de violencia de Género. En este reportaje con Diario Judicial, habló sobre los aspectos más urgentes de la Justicia y los desafíos a los que se enfrenta día a día.
La Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (CAJ), María Fernanda Rodríguez, recibió a Diario Judicial en su oficina ubicada en la sede de la cartera de Justicia en el barrio de La Boca. La letrada alertó sobre los principales problemas que aquejan al sistema judicial en la actualidad y remarcó la necesidad de "migrar hacia un sistema acusatorio".
¿Cuáles fueron los principales problemas con los que se encontraron cuando asumieron el CAJ?
Lo que a mí me gusta resaltar, y es como nos gusta trabajar, es la manera en que el Poder Ejecutivo se involucra con una política de empoderamiento legal para las comunidades que se encuentran en situación de desventaja estructural. Es decir, pensando el acceso a la justicia como un gran ecosistema donde hay actores que todos son relevantes. En línea general nosotros trabajamos una política de empoderamiento legal, como dije antes, sobre comunidades que se encuentran en situación de exclusión social y eso implica tratar de construir un eslabón que traccione a esas comunidades a esquemas de mayor ejercicio de derecho, de mayor construcción de ciudadanía. Te doy ejemplos que son muy claros: si tenemos personas que ni siquiera tienen partida de nacimiento, que tienen 20 o 30 años, y no tenemos la capacidad de ver esto, de proporcionarle un abogado, estamos ante una persona que no tiene derechos, no tiene nombre, no existe, no accede a los beneficios sociales que el Estado proporciona. Si yo no trabajo ese primer eslabón, si yo no nivelo un poco a esa persona todo el marco de la exigibilidad de derechos se torna ilusorio, inexistente y no importa que tengamos un Poder Judicial súper efectivo porque ni siquiera llega ahí. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con cómo nivelamos este piso, como lo subimos. También trabajamos otras dimensiones que son muy importantes como la formalización en el ejercicio del derecho al trabajo de obtener un monotributo social que les permite tener marcos mínimos de regularidad en su relación de empleo. Argentina tiene un alto índice de inequidad social. Toda esta dimensión está vinculada con el acceso a la justicia.
"Lo que no nos permite ser una sociedad justa o pacifica es la inequidad, entonces trabajar en esquemas de empoderamiento legal que hacen superar esta barrera es muy importante porque empezás a trabajar en lo que vos necesitas como país trabajar".
En el plan Justicia 2020, la reforma Procesal Penal aparece como uno de los ítems más relevante. ¿Qué piensa sobre la intención de darle más protagonismo a los fiscales en los procesos?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que sería el esquema de reforma procesal penal y migrar definitivamente a un sistema acusatorio. Toda Latinoamérica es acusatoria, lo ha sido Chile que ni siquiera tenía Ministerio Público Fiscal y nosotros seguimos en un sistema federal mixto. Creo que es importante transmitir que no hay pérdida de poder de un juez en un proceso acusatorio. Al revés, es quien vela por las garantías de ese proceso. A mí me parece que es un proceso que permite la inmediatez, la oralidad, la celeridad, la transparencia, la no subrogación de personas que no son jueces y terminan actuando como tal. Creo que es un sistema, a mi parecer, mucho más adecuados al que transitamos hoy pero no es fácil migrar. También la modificación del sistema fiscal debe ser pensada desde una perspectiva acusatoria.
El ministro Garavano dijo más de una vez que la víctima es la gran olvidada por la justicia en los últimos tiempos y que hay un desfasaje enorme entre la sociedad y el sistema judicial actual, ¿está de acuerdo?
Sí, yo creo que sí. No sé si la víctima fue la gran olvidada sino la ausente, la postergada. La necesidad de una defensoría pública tiene que ver con el debido proceso y que la justicia pueda funcionar. Esto no quita que Argentina tiene una deuda para trabajar con la victima que, en un principio por el sistema, fue tomada como un objeto de prueba y no sujeto de derechos. Hemos evolucionado con esquemas de participación procesal pero creo que nos cuesta evolucionar más. Trabajar con las victimas ofrece un nivel muy grande de dificultades para los operadores jurídicos.
¿Cuáles son esos tipos de dificultades que presenta el trabajo con las víctimas?
La necesidad de tener equipos interdisciplinarios, capacitar a los operadores en esquemas de empatía, derrotar estereotipos en los tipos de victimas implica tener una capacidad de escucha activa diferente, implica comprender el proceso que esa persona atraviesa entonces no es fácil trabajar con una víctima. Implica generar enfoques diferenciales. Generalmente, el Poder Judicial está acostumbrado a generar estándares generalistas y la victima te somete todo el tiempo a un enfoque diferencial. No es lo mismo trabajar con una víctima de abuso sexual infantil que trabajar con una víctima de violencia doméstica o una de siniestro vial. Todo requiere un plus de esfuerzo para el Poder Judicial. Hace que el sistema se tenga que preparar para trabajar de una manera en que no está acostumbrado.
¿Es posible llegar a un sistema con ese enfoque?
Yo creo que sí. Hay cantidad de jueces, defensores y fiscales que hacen enormes esfuerzos por generar enfoques diferenciales pero el sistema tiene que empezar a pensarse distinto. Doy ejemplos: ¿cómo reacciona un fiscal ante la retratación de la víctima en temas de violencia de género? Tiene que tener la capacidad de no enojarse con ella, entender el proceso que atraviesa. Te somete constantemente a distintas situaciones que te descolocan de tu trabajo habitual. Por ejemplo, para eso nosotros proponemos los sistemas multifueros, que no sean más Civil y Penal. ¿Qué es eso que una mujer tenga que recorrer tres juzgados? Eso es un sistema pensado para otra realidad. Si hay alguien que está totalmente fuera de este sistema es la víctima de violencia de género. El mismo ejemplo se puede aplicar a delitos ambientales, a demandas colectivas.
Hoy el sistema judicial no está preparado para trabajar así. De repente, hay provincias donde no hay un psicólogo, un trabajador social. No da respuestas no porque sea malo sino porque está pensado para otro tiempo. Hay que empezar a dar respuestas a los problemas nuevos, por eso el sistema cruje.
Además, repensar ese sistema implica la participación de muchos actores como los colegios de abogados o las universidades.
Totalmente. Nosotros tenemos un enorme desafío con el cuerpo de abogados, ¿qué clase de litigantes vamos a formar?, ¿qué tipo de formación van a recibir?
Hace poco presentaron el cuerpo de abogados y abogadas para defender a víctimas de violencia de género, ¿piensa que la atención a esas víctimas es la gran deuda de la justicia argentina?
Yo creo que con todas las victimas hay una deuda enorme. Como dije antes, el sistema se tiene que rearmar pensando en la victima. Hoy hay mucha verbalización pero faltan mecanismos de implementación.
¿Creen que llegan al 2020 con la implementación de la reforma penal?
Es un trabajo que nos compromete a todos. Diría que no llega sólo el Ministerio de Justicia sino que llega un país. Necesitamos del Legislativo para aprobar la ley, necesitamos del compromiso del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo para la implementación. El compromiso de los actores judiciales para darle vida a esa ley y no sentirse amenazado por su implementación.