Toma y daca

El Gobierno Nacional y el Poder Judicial de la Nación mantienen una relación ambivalente. Pese a que ambos reconocen un mayor diálogo sigue existiendo fuego cruzado. Como en todo vínculo, pueden atravesar etapas sin sobresaltos y al poco tiempo la tensión crece hasta el máximo.

En este primer tercio del 2018 pareció una continuidad de 2017 en ese sentido, con un febrero tranquilo y un marzo explosivo que implicó fuego cruzado entre fallos que golpearon duramente al Poder Ejecutivo y un movimiento de piezas en el Consejo de la Magistratura.

Más jueces, menos reforma

Casi una fotografía de esa relación se mostró a fines de 2017 en la cena de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en donde estuvo presente el ministro de Justicia, Germán Garavano. El titular de la cartera tuvo un ida y vuelta discursivo con la presidente de la AMFJN, María Gómez Alonso de Díaz Cordero, al reclamarle aquél a los jueces que no debían enojarse por pagar ganancias.

Esa noche también Garvano puso de resalto el alto nombramiento de nuevos magistrados desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, así como también el gran número de ternas que envió el Poder Ejecutivo al Senado para que se designen, algo celebrado por jueces, fiscales y defensores, que siempre hacen hincapié en el alto porcentaje de vacantes (cerca del 30%) que detenta la Justicia.

Según los números oficiales, llegan a 160 las ternas remitidas por el Consejo en los últimos tres años, lo que implica una modificación sustancial con años anteriores, donde se habían elevado 45 en tres años.

Pero tras ese febrero apacible, los primeros coletazos de reacción de los jueces se vieron en marzo. Primero, tras el discurso de apertura del año judicial por parte del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, donde llamó a debatir un proceso de reforma “desde adentro” del Poder Judicial, que en parte no fue bien recibido por la familia judicial, que se sintió ofendida porque las propuestas con mayor impacto – eliminación de la feria judicial y extensión del horario- fueron recibida como una forma de tildar a los jueces de “vagos”.

La Acordada 4/2018 de la Corte Suprema, que rechazó la transformación de un Tribunal Oral Ordinario en el Tribunal Oral Federal n° 9 y recalcó la obligación de que exista un acuerdo del Senado para que un juez nacional pase a ser federal, implicó un golpe mortal a una de las políticas promovidas por el Gobierno de dar mayor celeridad a las causas federales-en perjuicio de las ordinarias- por medio de la transformación de tribunales.

Fuego contra fuego

Pero además, en el mundo aparte que es la Justicia Federal se dictó una serie de fallos que fueron una señal de alerta para el Ejecutivo. El primero y el que más impacto tuvo fue el que ordenó la liberación del empresario Cristóbal López y, principalmente, el cambio de calificación legal del delito que se le imputa, que pasó de ser administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a retención indebida de tributos.

Casi simultáneamente, la Acordada 4/2018 de la Corte Suprema, que rechazó la transformación de un Tribunal Oral Ordinario en el Tribunal Oral Federal n° 9 y recalcó la obligación de que exista un acuerdo del Senado para que un juez nacional pase a ser federal, implicó un golpe mortal a una de las políticas promovidas por el gobierno de dar mayor celeridad a las causas federales-en perjuicio de las ordinarias- por medio de la transformación de tribunales.

El Consejo tomó cartas en el asunto y a través de su Comisión de Disciplina y Acusación decidió investigar cómo fue el procedimiento de integración de la Sala I. Como si esto fuera poco, también analizará la disputa sobre la transformación de tribunales ordinarios en federales. Fuentes del órgano indicaron que se enviará un oficio al la Corte para que aclare los alcances de la Acordada 4/2018.

Con mayor impacto, pero también recibidos como una demostración de fuerza de parte de la Justicia, se encuentran los fallos que ratifican la cautelar en favor de la Asociación de Magistrados que determinó cuáles son los jueces, fiscales y defensores que deberán pagar Ganancias, y la sentencia que declara la inconstitucionalidad del DNU sobre inmigración.

Pero todo tiene sus consecuencias: la Sala I, que dictó el pronunciamiento con un voto en mayoría de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quedó en el ojo de la tormenta luego del fallo y los camaristas quedaron bajo la lupa. Primero la diputada Elisa Carrió presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y luego Corte pidió al órgano presidido por Miguel Piedecasas que investigue cómo fue que se conformó el Tribunal.

Enseguida llegaron las explicaciones del juez Ballesteros, pero el Consejo tomó cartas en el asunto y a través de su Comisión de Disciplina y Acusación decidió investigar cómo fue el procedimiento de integración de la Sala I. Como si esto fuera poco, también analizará la disputa sobre la transformación de tribunales ordinarios en federales. Fuentes del órgano indicaron que se enviará un oficio al la Corte para que aclare los alcances de la Acordada 4/2018.

El Consejo es otro protagonista central de esta historia de idas y vueltas. Es más, su rol se encuentra en plena discusión en la actualidad: hay un proyecto de reforma presentado y se encuentra en la Corte Suprema la causa sobre la inconstitucionalidad de la última modificación del Cuerpo.