La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados recibió a especialistas, juristas y representantes de asociaciones y colegios públicos de abogados para debatir el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Críticas y opiniones divididas.
El Congreso comenzó a discutir el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Se trata de una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca ampliar la cantidad de consejeros a un total de 16 miembros.
En este sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado del PRO Pablo Tonelli, recibió a especialistas, juristas y representantes de asociaciones de magistrados y colegios públicos de abogados, para comenzar el tratamiento del proyecto.
Tonelli explicó que recibieron ”ideas y sugerencias” sobre el texto, las que serán que tratadas junto con la Comisión de Justicia. “La problemática del proyecto se dará en la ampliación y elección de los miembros del Consejo”, declaró.
El primero en tomar la palabra fue el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, quien expresó: “Tenemos que tener conciencia de que pertenecemos al órgano de la Constitución: no somos de la política, ni de gremios. Hay una necesidad de la reforma, hay que adecuarlo al espíritu constitucional”.
La propuesta busca ampliar la cantidad de consejeros a un total de 16 miembros. En la actualidad, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces está compuesto 13 consejeros: tres jueces, dos abogados, seis legisladores, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.
Piedecasas llamó a “procurar equilibrio en la composición” y argumentó que “para garantizar la idoneidad técnica se incorporan los estamentos académicos y científicos”. También valoró la incorporación del concepto de minorías y apoyó la perspectiva de género.
“La ley debe resolver el criterio para ser consejero. Es un acierto que los legisladores sean representantes. Y me parece fabuloso discutir con ellos, los representantes de la política no han sido obstáculo para el ejercicio, sí lo han sido las gestiones”, admitió Piedecasas.
La propuesta busca ampliar la cantidad de consejeros a un total de 16 miembros. En la actualidad, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces está compuesto 13 consejeros: 3 jueces, 2 abogados, 6 legisladores, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.
También prevé que sólo podrán acceder a una reelección consecutiva. También pone fin a la discusión sobre los requisitos para ser consejero, al fijar las mismas condiciones exigidas para ser juez de la Corte. Tampoco podrán integrar el Cuerpo quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, contra la seguridad de la Nación o contra los poderes públicos y el orden constitucional.
A su turno, Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo y planteó la necesidad de que haya representantes de la Capital Federal: “Hay un 80 por ciento de jueces, catedráticos y abogados radicados en la Capital”.
En contraposición, el representante de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, Hernán Colli advirtió diferentes discrepancias con la propuesta original y recordó que presentaron “un proyecto alternativo”. Dicha iniciativa propone aumentar a 17 los integrantes del cuerpo y a cinco el cupo de abogados, con mayor preponderancia para el interior.
“La observación principal tiene que ver con que, desde el año 1994, ninguna de las leyes ha respetado la cláusula de los tres estamentos con equilibrio. La cláusula constitucional no se cumple”, alegó.
“Necesitamos otro perfil de jueces, que se jerarquice la terna y mejoren técnicas, y que se despolitice”, agregó Colli y pidió que el Cuerpo tenga “una integración federal, con representación paritaria entre hombres y mujeres”.
Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, realizó críticas al proyecto y reclamó que “la conformación de personas del ámbito académico está establecida en plural en la Constitución, debería haber por lo menos dos representantes académicos, y acá no los hay”.
“A los rectores se nos elige por voto directo de los claustros. Proponemos que nos elijan porque representamos a millones: el 80 por ciento de la investigación científica se produce en facultades nacionales. Son los rectores que tienen que representar este ámbito, porque tienen la legitimidad por sobre los docentes de colegios de abogados”, consideró Molea, quien recientemente fue elegido para reemplazar al actual consejero Jorge Candis.
Gabriela Vázquez, integrante del Consejo en representación del estamento de los magistrados, planteó la falta de perspectiva de género y explicó que el proyecto “carece de lenguaje inclusivo e invisibiliza a las mujeres”.
Por su parte, la presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, propuso “dar un curso de preparación para los que lleguen a las ternas porque trabajamos con carencias de recursos” y que “los jueces se comprometan a dar sus datos para hacer un seguimiento adecuado”.
En materia de concursos, la presidenta de la entidad consideró que “los jurados deberían ser elegidos por materia, sobre todo para tener jurados expertos en temáticas”.
Gabriela Vázquez, integrante del Consejo en representación del estamento de los magistrados, planteó la falta de perspectiva de género y explicó que el proyecto “carece de lenguaje inclusivo e invisibiliza a las mujeres”.
“El mapa de género en cuanto al Poder Judicial confirma empíricamente que la mayor parte que ejerce la justicia somos mujeres, somos el 56 por ciento, y la presencia femenina en cargos jerárquicos es menor”, ejemplificó y propuso una “incorporación equilibrada de mujeres y hombres, también en la ternas y en la asignación de puntajes”.
Por último, secretario general del Sindicato de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato, afirmó: “La cabeza del Consejo debe estar en manos de la Corte Suprema, discrepamos con el proyecto en la medida en que plantea que el integrante de la Corte sea rotativo, nos parece un disparate”.
Y, además, reivindicó “la representación de los trabajadores que debería estar en la ley, como existe en algunas provincias, con una experiencia positiva”.