A DESTAJO. Hacen trabajar a la Defensora del Pueblo Alicia Oliveira en el meneado tema de las tragamonedas. Las primeras presentaciones judiciales fueron cuando De La Rúa desde el ejecutivo nacional habilitó su instalación en el ámbito de la ciudad -ahí fue acompañada con otra denuncia por Ricardo Monner Sans, que luego de ese episodio parece olvidado de su rol de activista legal y llamativamente alejado del papel de paladín justiciero, desconociéndose las razones de su actual pasividad en el tema-. Los esfuerzos de la defensora parecen internarse en un laberinto político, judicial y normativo que hacen que sus esfuerzos sean denodados sin saber a quién sirven en definitiva. Paradójicamente, un operador del gobierno de la ciudad decía en un estricto off the record: “¿La defensora a quién defiende? Si oponiéndose tan tenazmente al juego nos está sacando un ingreso futuro que puede solucionarnos mas de un problema en las cuentas de la ciudad.” Ahora quien está en el ojo de la tormenta es el juez Luis María Márquez, a quien el procurador general de la ciudad Juan Carlos López amenazó con el juicio político por la última medida cautelar que permitió la instalación de las tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Veremos ahora, si hay verdadera igualdad ante la ley, si habilitan a las agencias hípicas y bingos porteños, que anteriormente fueron perseguidos por la ciudad y obligados a retirar, meses antes, las tragamonedas que habían sido autorizadas por Lotería Nacional. Igual que ahora pero distinto.
PREOCUPANTE. El modo en que el procurador de la ciudad Juan Carlos López avanzó sobre la decisión del juez Márquez, olvidándose de que ya no es más un integrante del Poder ejecutivo -integró el gabinete en el área de justicia del Gobierno de Fernando de la Rúa- sino que tiene la alta investidura de ser el fiscal mayor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De ahí que sus amenazantes dichos estén tornándose en algo más preocupante que la resolución de un magistrado, que como toda resolución judicial de primera instancia es recurrible ante instancias superiores y tiene así su devenir lógico y civilizado. Es que se ha puesto de moda esto de levantar el dedo índice y acusar jueces cuando un fallo judicial no le gusta o no le conviene a los intereses del funcionario de turno, tratando de amedrentar vía la remanida amenaza del juicio político -a nadie le gusta verse en el banquillo de los acusados- y “de paso” pasar el mensaje a otros jueces de “ojito el que se anime, que le espera el cadalso” o presionar sin sutilezas a la cámara en la que recaerá la hipotética revisión de la medida. Bonita forma de honrar la independencia judicial. Será que quiere que la causa recaiga en los jueces de la ciudad –todos nombrados durante la administración de Ibarra- y con una mayoría automática en el Superior Tribunal de la Ciudad, o será que la mejor defensa es un buen ataque y sabe que mostrando los dientes va a amedrentar a más de uno. Veremos ahora qué hace la Asociación de Magistrados, si sale en defensa del juez federal, o si sus dirigentes se preocupan más por pedir votos para la elección del mes que viene –se elige nuevo presidente y consejo directivo por dos años – o hacen lo que tienen que hacer. ¿Sacarán la cara o sacarán el cuerpo?
SEGUNDA VUELTA. Así han tomado en el seno de la tradicional lista Blanca a la próxima elección de autoridades en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, luego de la traumática contienda de septiembre en la que se eligieron representantes para el Consejo de la Magistratura. En el entendimiento que, como en Brasil, el futuro comicio en la entidad representará en los hechos una “segunda vuelta”, en la Blanca que concurrió dividida, se están produciendo reacomodamientos en una gama que va del blanco puro, pasando por el celeste hasta un azul más o menos intenso, abarcando así un arco ideológico por demás novedoso en la tradicional agrupación que históricamente ha convocado a sectores filoconsevadores de la justicia. Dicen que es hora de escuchar los nuevos aires que soplan y aseguran que ya han hablado con desprendimientos de la Azul y algunos celestes –Kiper deberá esforzarse para retener a su gente-. El candidato por el momento sería el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal 3, Miguel Caminos, quien piensa si dará el sí mientras da vueltas con su walkman al Rosedal, el lugar preferido para sus circulares reflexiones.
“TELLELDINAZO”. Se espera para los próximos días en el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA, después de la declaración en la última semana de la esposa de Carlos Telleldín, Ana Boragni. El “telleldinazo” consistiría, básicamente, en una nueva declaración del preso clave en el juicio. Es que su mujer, más allá de las reticencias iniciales, terminó admitiendo que le entregaron la camioneta que se usó en el atentado a los policías bonaerenses que los sobornaban. “Esto no tiene vuelta atrás”, comentaba un abogado defensista en los pasillos del juicio, y parece tener razón: después del testimonio de “la Boragni”, Telleldín queda “desnudo” y expuesto a la necesidad de brindar, el también, más detalles sobre la entrega de la camioneta. Sin dudas, es más que lo que esperaban los acusadores, quienes -tal como adelantó el fiscal Alberto Nisman en una entrevista con Diariodeljuicio.com- ya comenzaban a trabajar con una hipótesis “de mínima” que les llevaría muchas horas de trabajo: que los dichos de Telleldín y su entorno no sirvan para nada a la hora de acusar a los policías. Sin embargo, después de lo que dijo la Boragni, se ilusionan con que, en realidad, no necesitarán sudar tanto. Habrá que ver cómo sigue el asunto.