El desguace de la Cámara Federal

El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por mayoría el traslado del juez Eduardo Farah de la Cámara Federal al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1. A partir de ahora, solo resta el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

Por mayoría, el Pleno hizo lugar al pedido del camarista federal. Votaron a favor los consejeros Juan Mahiques, Pablo Tonelli, Ángel Rozas, Mario Negri, Miguel Piedecasas, Leónidas Moldes, Adriana Donato y Jorge Candis; mientras que Rodolfo Tailhade y Juan Mario Pais se expresaron en contra. Gabriela Vázquez y Luis Cabral se abstuvieron.

Farah pidió su traslado a la vacante que dejó Jorge Pisarenco en el TOPE 1. En una breve nota, el camarista federal manifestó “razones personales”, pero no se explayó en su argumento.  Además dejó abierta la posibilidad de ser trasladado en un futuro a la justicia federal de San Martín.

Esta decisión se suma al pedido de licencia de su colega Jorge Ballestero, quien solicitó una licencia por 20 días por "razones de salud". Ballestero alegó “problemas coronarios” y se alejó temporalmente del cargo por recomendación médica.

Ambos magistrados fueron denunciados por la diputada Elisa Carrió por presunto “mal desempeño de sus funciones”. La líder de la Coalición Cívica solicitó al Consejo que determine si la decisión judicial, que revocó la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa, pudo haber estado "influida" por "intereses económicos".

Los camaristas Ballestero y Farah quedaron en el ojo de la tormenta luego de ordenar la liberación de los empresarios en una causa donde se investiga la supuesta evasión del impuesto a los combustibles de la petrolera Oil.

La Sala I está integrada de forma estable por los jueces Ballestero y Leopoldo Bruglia. Sin embargo, los magistrados no llegaron a un acuerdo en relación a los recursos interpuestos por la defensa de los empresarios López y De Sousa. Para desempatar, Ballestero convocó a Farah, miembro de la Sala II.

Ambos magistrados fueron denunciados por la diputada Elisa Carrió por presunto “mal desempeño de sus funciones”. La líder de la Coalición Cívica solicitó al Consejo que determine si la decisión judicial, que revocó la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa, pudo haber estado "influida" por "intereses económicos".

"Solicito que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio voto pudiera haber estado influido por razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado", sostuvo la diputada y apuntó contra Ballestero por presunto enriquecimiento ilícito.

A esta denuncia se suma un expediente que se inició por pedido de ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes solicitaron que se arbitren los medios “a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala".

Pablo Tonelli, presidente de la Comisión encargada de investigar a los magistrados, consideró que el traslado “no da indemnidad” ni "es una amnistía”, ya que el “poder disciplinario se conserva”. En la misma línea, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, afirmó que el traslado “cumple con todos los requisitos” y que "la investigación no es un impedimento".

En contraposición, el diputado del FpV Rodolfo Tailhade se opuso al traslado y advirtió que el camarista federal “no da una explicación razonable en el pedido”; mientras que la consejera-jueza Gabriela Vázquez se abstuvo por entender que “existe un vicio en el consentimiento” del magistrado.

A esta denuncia se suma un expediente que se inició por pedido de ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes solicitaron que se arbitren los medios “a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal de la Capital Federal” y si “existió alguna irregularidad en esa conformación”.