La Cámara Civil responsabilizó a Aysa y al GCBA por la caída de un automotor en un pozo de la calle por la ausencia de señales que alerten sobre el peligro.
En los autos "Gullo Juan Antonio c/ AYSA S.A. y otros s/ daños y perjuicios", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil responsabilizó a Aysa y al Gobierno de la Ciudad por la caída de un automotor en un pozo de la calle por la ausencia de señales que alerten sobre el peligro.
Para los jueces se debe dividir la responsabilidad se debe extender hacia todos los demandados por la sorpresiva caída del auto en un pozo y se acreditó que en el lugar no había ninguna señal lumínica ni cobertura de la obra y tampoco existía al momento del siniestro cartelería adecuada que hubiese alarmado al tráfico sobre la peligrosidad del mismo.
En total, entre los demandados, deberán abonarle al conductor del automóvil la suma de $243.100 en concepto de daño moral, gastos médicos, incapacidad psicofísica, privación del uso del vehículo y tratamiento a futuro y psicológico.
Los miembros del Tribunal explicaron que la responsabilidad por los daños causados por el vicio o mal estado de las aceras o calles compete al Gobierno de la Ciudad, en su carácter de titular del dominio público de tales bienes, como así también tiene la obligación de controlar las obras que se realizan en la vía pública.
En ese línea, los magistrados señalaron que el Gobierno conserva la titularidad y control de las calles y no puede autorizar el arreglo de la vía pública y desentenderse totalmente de los daños que se produzcan, con el pretexto de que la responsabilidad recae sobre la empresa que hizo el trabajo.
En total, entre los demandados, deberán abonarle al conductor del automóvil la suma de $243.100 en concepto de daño moral, gastos médicos, incapacidad psicofísica, privación del uso del vehículo y tratamiento a futuro y psicológico.