El XXIII Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) se inició en Foz de Iguazú con nombres de prestigio y debates sobre lavado, corrupción y las reformas constitucionales. La crónica del enviado especial de Diario Judicial.
Luego de una noche de emociones, homenajes y discursos fuertes, este jueves se dio formal inicio el XXIII Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.
Con una nutrida concurrencia que se presentó en el centro de convenciones del Hotel Bourbon de Foz do Iguazú, abogados de toda Iberoamérica presenciaron dos paneles en los que se debatió sobre corrupción, transparencia y Estado de Derecho, y el restante en que se puso foco en el rol de la abogacía en la lucha por la protección del medio ambiente
El primer panel, titulado Democracias, Transparencia Estado de Derecho, la pregunta central giró si corría en riesgo el Estado de Derecho, desde una doble vía, la que observa la corrupción como un elemento corrosivo de las instituciones democráticas y también la que pone en alerta la "ola" de procesos judiciales que investigan casos de corrupción de los últimos gobiernos latinoamericanos y se pregunta si los procedimientos están ajustados a derechos.
Moderada por Alfonso Pérez Cuellar, la primera ronda de ponencias arrancó por el catedrático de la Universidad Austral Alfonso Santiago, quien resaltó la trascendencia internacional que tiene la lucha contra la corrupción, además de hacer un repaso de los instrumentos internacionales sobre la materia, y también sobre transparencia y acceso a la información pública.
Gil Lavedra habló de “un nuevo paradigma” en materia de investigación de los delitos complejos como la corrución, y el debate sobre un Derecho Penal de “dos velocidades”, uno “común” - que es el Derecho Penal Liberal Clásico” y el otro de “excepción” para el enjuiciamiento de delitos graves.
Carlos Ferrán Martínez, que coordina la Comisión de Compliance del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, puso foco en la conveniencia de que las empresas que inviertan en los países de iberoamérica entiendan que “es negocio” cumplir con las normas regulatorias de toda índole, ya sea transparencia, no discriminación, respeto por el medioambiente o responsabilidad social empresaria.
Luego llegó el turno del abogado José de Freitas, miembro de la CCB, que puso sobre la mesa el debate acerca de si es necesario “corromper” la prueba para probar los delitos de corrupción, y cómo debe analizarse la llamada prueba “indirecta” o de presunciones.
Rafael del Rosal, que dirige el sector de Estrategia Corporativa del Colegio de Abogados de Madrid dio un provocador discurso sobre el rol de la abogacía y de las instituciones que reúnes a los letrados a la hora de proteger las injerencias profesionales. En ese sentido, cuestionó duramente las normas antilavado que imponen a los abogados denunciar posibles maniobras de lavado de dinero, lo que va en contraposición del deber de confidencialidad que deben cumplir los profesionales del derecho.
Cerró el panel Emmanuel Daoud, secretario del Comité de Abogados de París, detallando los avances normativos en materia de lucha contra la corrupción en Francia, principalmente el rol que cumple la sobre la Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Modernización de la Vida Económica, conocida como Sapin II, que entró en vigor en 2017.
Luego de un pequeño receso comenzó la segunda parte del panel en el que se debatió sobre cómo afecta la corrupción al Estado de Derecho. Los moderadores del panel fueron los abogados argentinos Santiago Orgambide y Rodrigo Bacigalupi.
El constitucionalista Néstor Pedro Sagües brindó su postura sobre lo que llama la “desconstitucionalización”, entendida como una deformación que pone en crisis al Estado de Derecho de diferentes maneras.
En el inicio se escuchó la disertación del presidente del Colegio de Abogados de Loja, Ecuador, Paulo Arrobo, que versó sobvre la reforma constitucional ecuatoriana de 2007, dividiendo los cambios en la parte “dogmática” y la “orgánica “de la Carta Fundamental de ese país.
El constitucionalista Néstor Pedro Sagües brindó su postura sobre lo que llama la “desconstitucionalización”, entendida como una deformación que pone en crisis al Estado de Derecho de diferentes maneras.
Posteriormente, el politólogo Enrique Zuleta Puceiro expuso ante el auditorio su visión respecto sobre la “nueva frontera” de la “innovación democrática” y los principios del llamado “buen gobierno”.
El cierre estuvo a cargo del ex juez de las Juntas Ricardo Gil Lavedra, quien actualmente se desempeña como abogado de AFIP en la querella por defraudación contra Cristóbal López. Gil Lavedra habló de “un nuevo paradigma” en materia de investigación de los delitos complejos como la corrupción, y el debate sobre un Derecho Penal de “dos velocidades”, uno “común” - que es el Derecho Penal Liberal Clásico” y el otro de “excepción” para el enjuiciamiento de delitos graves.