El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Protección a Víctimas de Delitos y creó un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de la problemática. La medida busca producir “recursos” para la toma de decisiones en materia de política pública.
El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (27.372) y creó un Observatorio que estará conformado por integrantes de asociaciones de víctimas.
La normativa, aprobada por el Congreso, reconoce a las víctimas sus derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad. Además garantiza el patrocinio jurídico gratuito y la participación de los damnificados en el proceso judicial.
“Que han de establecerse y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como también han de implementarse los mecanismos para que todas las autoridades (…)”, señala el decreto 421/2018 publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano.
El Observatorio estará integrado por víctimas de delitos y será presidido por el ministro Garavano.
En sus fundamentos, el texto señala la necesidad de “establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delitos”.
Y agrega: “Los actores llamados a atender de una u otra forma las causas y consecuencias de estos delitos deben asumir un rol activo que permita aunar criterios y a su vez, brindar una respuesta efectiva a las víctimas de delitos”.
En este sentido, el Gobierno ordenó la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos "para el desarrollo de las mejores prácticas tendientes a la protección de los beneficiarios de la Ley N° 27.372". El mismo quedará enmarcado en el ámbito de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Será un organismo de “monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos”, con la finalidad de “producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito”.
El Observatorio estará integrado por víctimas de delitos y será presidido por el ministro Garavano. "A los fines de su conformación, se tendrá especial consideración a los integrantes de asociaciones de víctimas legalmente constituidas”, sostiene el texto y aclara: “Deberá contar con al menos un integrante de las regiones del NOA, del NEA, de Cuyo, del Centro y del Sur, a los fines de garantizar la representación federal".
A partir de la reglamentación también se crea el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) que funcionará en el ámbito de la cartera de Justicia y coordinará con los distintos organismos del Estado el asesoramiento jurídico, psicológico y social para la asistencia a las víctimas de delitos.
“Para nosotros siempre ha sido una prioridad la protección de las víctimas y el reconocimiento del rol que tienen en el proceso penal. Hemos asumido el compromiso de lograr que los derechos que la Ley de Víctimas establece se hagan efectivos en todos los rincones del país”, sostuvo el ministro Garavano.