"Crónica de un cohecho anunciado". Con ese título comenzó el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA) en el juicio por el Caso Ciccone. Para la OA se combinó la intención de la familia Ciccone de mantener a flote la compañía de impresión de seguridad con la intención de hacer un negocio. Según el organismo, quedó demostrado en el juicio que uno de los acusados, Amado Boudou, "como ministro de Economía actuó disciplinando a un montón de reparticiones públicas para un negocio privado". La OA -a través de los abogados Matías Rey y Natalia Pereyra- destacó que los testigos contra Boudou y sus asociados fueron amenazados o denunciados por falso testimonio. Incluso algunos fueron despedidos de sus puestos en el Estado cuando comenzó la investigación en 2012. Según el organismo, "Boudou tomaba las decisiones, (José María) Núñez Carmona las ejecutaba y necesitaron un tercero porque no podían aparecer. Y ese es Vandenbroele, quien no tomaba decisiones pero aparecía en cuestiones formales".