A meses de las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura, la ONG presidida por el ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo, presentó una acción para que se declare la inconstitucionalidad de la actual composición del órgano. Se pretende que regresen los cuatro cupos para los letrados, como era originariamente.
A falta de tres meses para la elección de los representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, se abre una nueva contienda en busca de modificar la actual integración del Cuerpo. La ONG Gente de Derecho, presidida por el ex titular y actual vocero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 26.080 que rige actualmente el funcionamiento del órgano.
El quid de la cuestión gira en torno a la representación de los letrados ante el Consejo,ya que la norma vigente,cuya autora fue la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, redujo de cuatro a dos los representantes de los abogados de la matricula federal, uno por el CPACF y otro por los abogados del interior del país.
La agrupación liderada por Rizzo – que fue candidato a consejero en 2010 – presentó su demanda ante el Juzgado Federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría, que tiene competencia electoral, y denunció que la norma “cercena el equilibro requerido por la Constitución” para integrar el Consejo y busca que se vuelva a la anterior composición.
En su demanda, la agrupación de abogados adhiere al argumento de que el desequilibrio se da con la actual composición del Cuerpo, ya que prima el “estamento político” conformado por los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo, por sobre el “técnico” conformado por jueces, abogados y académicos.
Gente de Derecho, que cuenta también entre sus filas con la anterior presidente del Consejo, Adriana Donato, señala en su presentación busca “volver a ejercer sus derechos políticos” y volver a participar de las elecciones para el Consejo de la Magistratura
En su demanda, la agrupación de abogados adhiere al argumento de que el desequilibrio se da con la actual composición del Cuerpo, ya que prima el “estamento político” conformado por los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo, por sobre el “técnico” conformado por jueces, abogados y académicos.
Fundamentos similares fueron esbozados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el marco de la causa "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN-Ley 26080-dto 816/99 y otros s/Proceso de conocimiento”, donde el Tribunal decretó la inconstitucionalidad de la norma en el entendimiento de que la reducción de veinte a trece consejeros, de los cuales siete pertenecen al estamento político, misma cantidad de miembros exigidos para sesionar “no respetan los estándares consagrados en el artículo 114 de la Constitución Nacional".
El Tribunal sostuvo que bajo el esquema previsto en la Ley 26.080, los consejeros representantes del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (que conforman el denominado “estamento político”) "tienen de por sí el número de consejeros suficiente como para sesionar y adoptar las decisiones que no exijan de mayorías especiales". Estamento que "no requiere del aval de los otros sectores para sesionar ni para decidir (salvo en aquellos casos que se exijan mayorías especiales), verificándose un claro predomino de su parte, contrariando con ello -de manera frontal- la previsión constitucional”.
La causa se encuentra actualmente radicada en la Corte Suprema, que en abril de este año dio vista a la Procuración General de la Nación para que dictamine, e invitó al Ministerio Público a concurrir el 15 de mayo a un acuerdo en el que se iba a resolver la causa. El procurador general subrogante, Eduardo Casal, dictaminó en contra de la declaración de inconstitucionalidad de la norma: “no se comprobado de qué manera la norma impugnada contradice la Constitución Nacional, resultando insuficiente para ello la sola invocación de agravios meramente conjeturales”, sostuvo.
La renovación de consejeros se iniciará el 6 de septiembre próximo, fecha en la que votarán los jueces, seguirá el 5 de octubre con los comicios de los abogados del interior.