La “guerra fría” entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tuvo su primer episodio. El nuevo presidente supremo dictó una resolución en la que denuncia un “vaciamiento” del Centro de Información Judicial y ordenó que se proceda a la recuperación “de la totalidad de los dispositivos tecnológicos que posibilitan el manejo del sitio web”. La dura respuesta de su antecesor.
A una semana de asumir el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz vivió el primer “cimbronazo” con la “administración saliente” del Máximo Tribunal. Fue por el manejo del Centro de Información Judicial, creación de Ricardo Lorenzetti y que, ahora, con el cambio de autoridades, salía de su órbita directa.
Fue por medio de la resolución 3038/18, suscripta por Rosenkrantz el último lunes, en la que se instruye al Secretario General de Administración para que proceda a la recuperación “de la totalidad de los dispositivos tecnológicos que posibilitan el manejo del sitio web del Centro de Información Judicial y su puesta a disposición de la Presidencia de la Corte Suprema”, y asimismo “se asegure, de modo urgente y por los medios que estime conducentes, la seguridad informática del sitio web”
Según detalla el texto, Rosenkrantz relata que luego producida su designación como presidente “pero antes de que fuera efectiva”, el 27 de septiembre de 2018, “el entonces Presidente de la Corte Suprema” dispuso mediante resolución 2972/2018 “la transferencia de la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto” al ámbito de la vocalía Lorenzetti.
A los fines de cumplir “las obligaciones institucionales a su cargo”, el Presidente de la Corte reconoció que “debe contar, de modo urgente, con los medios para continuar el servicio provisto por el Centro de Información Judicial, entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web”
La resolución señala que “más allá de la justificación” que pudiera haber tenido la Resolución de Lorenzetti, otras cinco resoluciones se dictaron el mismo 27 de septiembre en las cuales se dispone la transferencia de otros 10 agentes de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto “a distintas dependencias de esta Corte Suprema con lo que la dotación de dicha Secretaría se redujo de 18 funcionarios y empleados a 6 empleados”.
En síntesis, el nuevo presidente de la Corte denunció un vaciamiento del area de comunicación del Máximo Tribunal. Rosenkrantz, de forma diplomática, lo graficó de la siguiente manera: “como consecuencia de esas decisiones, el área de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto ha quedado acéfala y sin personal suficiente para cubrir las importantes competencias que le atribuye a dicha Secretaría la Acordada 42/2015”.
Esa acordada declara que el objetivo comunicacional de la Corte es, precisamente, el de “ profundizar la política de comunicación, basada en la transparencia informativa y la participación social, logrando una estrategia uniforme que continúe garantizando a la población el acceso a la información y la publicidad de los actos de gobierno”.
La resolución denuncia que esa acefalía “ha hecho imposible el funcionamiento de la Secretaría en cuestión y pone en riesgo la continuidad operativa del Centro de Información Judicial, comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación”.
Para fundar su decisión, Rosenkrantz apeló al texto de la acordada n° 9/2012, que en su artículo 2, “explícitamente dispone que el Centro de Información Judicial dependa de la Dirección de Comunicación Pública y somete dicha dirección a la autoridad directa del Presidente de este Tribunal”.
Por lo tanto, a los fines de cumplir “las obligaciones institucionales a su cargo”, el Presidente de la Corte reconoció que “debe contar, de modo urgente, con los medios para continuar el servicio provisto por el Centro de Información Judicial, entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web”, y que de acuerdo con toda la normativa interna al respecto, está obligado “a disponer las medidas de seguridad informática necesarias para garantizar la provisión del servicio de comunicación judicial”.
La otra versión
En declaraciones el diario La Nación, la hasta hace poco secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto y encargada del CIJ, Maria Bourdin, dijo que ella pidió su pase un día después de la designación de Rosenkrantz como presidente de la Corte, que este tiene su cargo disponible y "si el CIJ está acéfalo, es porque no nombra a nadie".
Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar, contraatacó Lorenzetti
Con respecto a las medidas de seguridad informática, Bourdin aclaró a ese medio que el pasado viernes un empleado "contratado" presuntamente enviado por Rosenkrantz solicitó las claves del sitio web pero que se lo negaron por tratarse de un agente externo de la Corte. Además, la secretaria resaltó que el nuevo presidente puede pedir las claves a la Dirección de Sistemas.
Quiero retruco
Durante la tarde, se hizo pública una carta de Lorenzetti dirigida a Rosenkrantz reprochando que la resolución "ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar". "Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar", adelantó el saliente supremo.
"Hace muy pocos días, Usted se apersonó en el despacho de la Secretaria de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional,proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial (CIJ). Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional", relató Lorenzetti.
Pero además de ello, el saliente Presidente de la Corte expuso que hubo un pedido escrito de Rosenkrantz "para entregar toda la documentación de la Secretaría a una persona designada por locación de servicios por treinta días, que pertenece a una consultora privada", y que el mismo "fue dirigido a personas que no podían cumplirlo". Además, sostuvo que "en lugar de plantearlo en el acuerdo de ministros", el actual titular del Máximo Tribunal "ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios, porque se habían apartado, o trabajando en vocalías de ministro".
"Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea", resaltó el supremo, que concluyó su misiva afirmando que cree "firmemente que el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia".