Carlos Rosekrantz asume formalmente la presidencia de la Corte Suprema. Los casos más importantes que se deberán resolver: reforma previsional, Farmacity, la relación con el Consejo de la Magistratura y la causa sobre la inconstitucionalidad de su reforma que lo puede poner al frente del organismo.
Luego de once años ininterrumpidos al frente del Máximo Tribunal de Justicia, Ricardo Lorenzetti deja la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y le cede el cargo a Carlos Rosenkrantz, el último ministro en ingresar al cuarto piso del Palacio de Justicia.
Este lunes se hizo efectivo el resultado de la votación plasmada en la Acordada 28/18 del pasado 11 de septiembre y, consecuentemente, Rosenkrantz se hizo cargo de la presidencia del Máximo Tribunal de Justicia.
Rosenkrantz se encuentra como presidente de una Corte Suprema que se enfrenta a un nuevo escenario económico y numerosos desafíos que van desde importantes fallos de contenido económico, como la resolución definitiva acerca del cálculo de actualización de haberes de las jubilaciones con la entrada en vigencia de la reforma previsional.
En el Cuarto Piso del Palacio de Justicia se encuentran varios expedientes en los cuáles la Corte deberá declarar sobre qué índice de movilidad se deberá aplicar para la determinación del primer haber jubilatorio . Si el ISBIC (Indice de Salarios Básicos para la Industria de la Construcción) o el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).
La Corte presidida por Rosenkrantz deberá resolver fallos sensibles como el de los cálculos de movilidad de haberes jubilatorios, la constitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura o la obligación de los jueces de tributar impuesto a las ganancias
Este último es el índice incorporado por la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados y que en números es mucho menor al ISBIC, y el que ANSES intenta que sea aplicado judicialmente, aunque su suerte resultó esquiva ya que la Cámara Federal de la Seguridad Social siempre rechazó sus planteos de modificación de cálculos. La decisión de la Corte tiene un alto contenido económico y político en un contexto dde ajuste y reseción, y en donde la principal erogación del Estado es en el pago de jubilaciones, pensiones y sueldos de estatales.
Pero además, la Corte deberá pronunciarse sobre el conflicto suscitado con los magistrados que asumieron en su cargo en el año 2017 y que están obligados a pagar ganancias. Allí se deberá definir si se viola el principio de igualdad respecto de los magistrados que están exentos de tributarlo, y también deberá haber pronunciamiento respecto de los magistrados nombrados en el último año pero que cuentan con extensa trayectoria como funcionarios judiciales.
Otra causa sensible que se podría resolver durante la presidencia de Rosenkrantz, es la relativa a la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006 que significó un avance en el estamento político. El Estado Nacional recurrió ante el Máximo Tribunal la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró la inconstitucionalidad de la reforma y, pese a que existe un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del cuerpo, todavía avala la legalidad de esa norma, nacida al amparo de una iniciativa de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo tiene vital importancia no sólo en lo institucional sino en la relación entre Corte y Consejo – donde hay siempre idas y vueltas respecto de las competencias en materia de administración de recursos- ya que una posible declaración de inconstitucionalidad provocaría que entre en vigor la Ley original de 1998 que establece que la presidencia del Consejo se encuentra a cargo del titular de la Corte Suprema.
En lo que ha sido una discusión que ha copado la agenda, esta “nueva” Corte tendrá también que definir qué hacer con el horario tribunalicio e incluso pronunciarse sobre la posibilidad de modificar la feria judicial.
Esta es la primera experiencia de Rosenkrantz como juez tras dedicarse toda su carrera al ejercicio de la profesión, como titular del estudio jurídico que lleva su apellido, y también la vida académica como rector de la Universidad de San Andrés, se convirtió en miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional /AMFJN), en cuya fiesta de fin de año admitió que la Argentina “es un país curioso” porque a los argentinos “nos cuesta admirar” y, propuso brindar “para que la Argentina pueda admirar a su Poder Judicial”.