La diputada Elisa Carrió denunció formalmente al ministro Germán Garavano por presunto "mal desempeño" y "delitos en el cumplimiento de sus funciones". Las acusaciones y los detalles del enfrentamiento.
Tras idas y vueltas, finalmente Elisa Carrió oficializó el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. La líder de la Coalición Cívica acusó al ministro por presunto "mal desempeño en sus funciones" y eventuales "delitos en el cumplimiento de sus funciones".
Según los fundamentos del proyecto, el ministro habría incurrido en una "grave intromisión en las competencias del Poder Judicial y del Congreso" tras declarar públicamente que "nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención". Esta frase se conoció a horas del fallo que absolvió a Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.
Estas últimas declaraciones desataron el enfrentamiento. Carrió pidió al presidente Mauricio Macri la renuncia de Garavano y señaló que los dichos del ministro "eran una vergüenza para la república y la división de poderes". Rápidamente, el ministro salió aclarar sus dichos y ofreció su renuncia a Macri, quien lo respaldó. "Gracias por el apoyo y el afecto recibido en estos días", expresó Garavano en las redes sociales.
También le reprochó haber “manipulado los concursos para la designación de jueces” en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
"El presente pedido de juicio político no se basa meramente en una 'opinión' del ministro o en manifestaciones pública del mismo, sino en los hechos que entendemos hay detrás de las mismas y el ministro omite exteriorizar, por obvias razones", advirtió el escrito que ingresó en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Respecto a la causa AMIA, la diputada sostuvo que el ministro le dio “protección política“ a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia al no haber impulsado la imputación en el juicio por el encubrimiento del atentado, que dejó un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas. Cabe recordar que los abogados que representan al Estado cambiaron su alegato final y no pidieron penas para los ex fiscales por considerar que no existían elementos suficientes.
"La intervención del ministro para beneficiar procesalmente a los ex fiscales fue torpe, evidente, inexplicable. Incluso ha merecido una denuncia penal por parte del ex titular de la Unidad AMIA; lo que más allá del resultado de la misma, deja en evidencia el mal desempeño que aquí postulamos", añadió.
Además apuntó contra el titular de la cartera de Justicia por el nombramiento de la exprocuradora bonaerense María del Carmen Falbo, quien dejó su cargo en medio de acusaciones por presunto encubrimiento de actividades vinculadas al narcotráfico. Falbo fue designada asesora de la dependencia de manera ad honorem.
Sin embargo, la acusación no terminó allí. También le reprochó haber “manipulado los concursos para la designación de jueces” en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así lo acusó de "acomodar" vacantes del fuero federal y juzgados claves en lo contencioso administrativo.
Voces contra el juicio político
Tras la acusación, diferentes diputados y senadores salieron a respaldar al ministro y rechazaron las acusaciones. En este sentido, el diputado Daniel Lipovetzky consideró que el pedido “no tiene fundamento”. A esta declaración se sumó su par Pablo Tonelli, quien sostuvo que no apoyaría “de ninguna manera” la acusación por considerarla “una exageración”.
En declaraciones radiales, el legislador e integrante del Consejo de la Magistratura afirmó: “Una cosa es disentir con un ministro, lo cual me parece absolutamente legítimo, normal y saludable, y otra cosa es pedir un juicio político, que sólo procede en casos sumamente graves”.
En tanto, el diputado Eduardo Amadeo expresó su desacuerdo y advirtió que “no apoyaría” la medida. “Carrió ha tenido este tipo de expresiones muchas veces y, con el tiempo, gana la prudencia. Ella no es tonta”, señaló.