Un grupo de diputados, impulsores de la despenalización del aborto, presentaron un proyecto que propone penas para quienes intenten frenar una práctica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en establecimientos de salud. La iniciativa surgió luego de que se dieran varios casos en los que militantes “pro vida” intentaron detener este tipo de intervenciones, aun cuando las mujeres estaban amparadas por las causales contempladas en el fallo FAL de la Corte Suprema. La propuesta es encabezada por el diputado Daniel Lipovetzky (Cambiemos), quien fue el encargado de conducir los debates en comisiones durante el tratamiento del proyecto de IVE. Además la firman las oficialistas Karina Banfi, Alejandra Martínez y Brenda Austin; la massista Cecilia Moreau; Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra del Movimiento Evita, y Victoria Donda (Somos). En el texto se establece incorporar el artículo 85 bis al Código Penal, el cual indicaría: “Será reprimido con prisión de tres meses a un año quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas o impedir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”.