Los bloques de la Cámara de Diputados acordaron tratar el proyecto de ley para que todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias. El gremio anunció un paro de 24 horas.
El oficialismo, con el apoyo de otros bloques, acordó incluir en el temario de la reunión de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca modificar el régimen del Impuesto a las Ganancias para que todos los judiciales comiencen a tributar.
El Congreso Nacional había decidido no tratar este año el proyecto, por lo que el texto no cuenta con dictamen de comisión y será tratado sobre tablas.
La iniciativa presentada por la Unión Cívica Radical (UCR) plantea una modificación a la Ley 20.628, para extender el tributo a todos los empleados, funcionarios y magistrados. El proyecto estuvo muy cerca de ser tratado y obtener media sanción en la Cámara de Diputados durante la sesión por el Prepuesto 2019.
Según el proyecto, la obligación de tributar impuesto a las ganancias “no afecta de ninguna manera a las bases constitucionales de la tributación”, como así tampoco a la “garantía de intangibilidad de la remuneración de los magistrados”. Sin embargo, advierte que se encuentran “vulnerados los principios constitucionales de igualdad tributaria e igual remuneración ante igual tarea”.
En los próximos días también se espera la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre la cuestión a raíz de una cautelar interpuesta por la Asociación de Magistrados por el pago del tributo de parte de los jueces incorporados a partir de 2017.
Sin embargo, los diputados estimaron que el original será modificado, de modo tal que el pago de Ganancias será “gradual”, para así aplicarlo sobre los incrementos que tengan los jueces e integrantes del Poder Judicial a partir de la sanción de la ley. De esta manera, se busca incorporar "paulatinamente" a los judiciales dentro del régimen impositivo.
En los próximos días también se espera la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre la cuestión a raíz de una cautelar interpuesta por la Asociación de Magistrados por el pago del tributo de parte de los jueces incorporados a partir de 2017.
A su vez, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó la iniciativa y lanzó un paro de de 24 horas para el día 21 de noviembre en el Poder Judicial de la Nación, los Ministerios Públicos de la Nación y los poderes judiciales de Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Misiones y Corrientes.
El gremio señaló que la iniciativa “significa una reducción salarial”, y que se “viola la independencia” del Poder Judicial. También señalaron que el texto “ignora la naturaleza propia de la función judicial que impide a sus agentes, funcionarios y magistrados desarrollar cualquier otra actividad laboral, profesional y/o comercial -con excepción de la docencia-, hecho que no se da en ninguna otra actividad pública o privada.
“La baja salarial coloca a los magistrados y funcionarios en una situación desventajosa y con salarios inferiores a miles de abogados que ejercen la profesión a lo largo del país, lo que provocará el éxodo de los mejores magistrados que emigrarán a la actividad privada”, concluyó la UEJN mediante un comunicado.