Habrá Ganancias para más jueces

Con los votos de los supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución dictada en la causa “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN- Consejo de la Magistratura de la Nación s/ Proceso de Conocimiento”, que impedía a los jueces que venían de la carrera judicial nombrados en 2017 tributar ganancias.

La cautelar fue solicitada en el marco de una acción declarativa contra el artículo 5° de la Ley 27.346 que estipula que pagarán ganancias "los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive".

La AMFJN quería que se precise el alcance del término “nombramiento”, ya que podía existir la confusión respecto del “ingreso” y “designación”. La AFMJN indicó que había “desconcierto” e da a la hora de establecer si un funcionario con años de carrera en el Poder Judicial que es designado en 2017 como secretario o juez debe tributar ganancias, o si por el contrario sólo lo pagarán sólo los que hayan concursado pero no tengan experiencia anterior en la Justicia o los Ministerios Públicos.

La pretensión de la Asociación de Magistrados era que se declare que el concepto "nombramiento" debía ser entendido como "ingreso", es decir, que la norma “comprendiera solo a los funcionarios y magistrados que al 1° de enero de 2017 no pertenecían a los escalafones del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación”.

Los fallos

El juez Esteban Furnari, luego de considerar que estaba en riesgo el “derecho a la carrera judicial” hizo lugar al pedido y dictó la cautelar, declarando que se encontraban alcanzados por el impuesto a las ganancias los magistrados, funcionarios y empleados que fueran designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación a partir del 1° de enero de 2017, salvo que hubieren ingresado a la Justicia antes de esa fecha, o que proviniesen de la Justicia provincial “y siempre que sus retribuciones no hubiesen estado alcanzadas por el pago o retención del tributo en cuestión”.

El fallo de Cámara explicaba que no estaba precisada, por vía reglamentaria, la expresión contenida en el artículo 5º de la ley 27.346, según la cual el “nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive” se refiere “a todos y cada uno de los nombramientos; o solamente a aquellos nombramientos en los cargos de magistrado cuyas remuneraciones reales, después de retenido y descontado el impuesto, resulten cuanto menos superiores a las retribuciones que los empleados"

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar, aunque modificó sus alcances, precisando que la misma sólo alcanzaba a los sujetos que representaba la AMFJN.

El fallo, resuelto en mayoría, explicaba que no estaba precisada, por vía reglamentaria, la expresión contenida en el artículo 5º de la ley 27.346, según la cual el “nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive” se refiere “a todos y cada uno de los nombramientos; o solamente a aquellos nombramientos en los cargos de magistrado cuyas remuneraciones reales, después de retenido y descontado el impuesto, resulten cuanto menos superiores a las retribuciones que los empleados, funcionarios, o magistrados designados efectivamente percibían por el desempeño de las funciones que ya cumplían en el Poder Judicial, o en el Ministerio Público, con anterioridad a esa fecha”.

El juez Jorge Alemany, que integró la mayoría, señaló que el Reglamento de la Justicia Nacional establece que “en el presente reglamento se llama `magistrados´ a los jueces de todos los grados; `funcionarios´ a los secretarios de primera y segunda instancia y los demás empleados de los tribunales nacionales que perciben igual o mayor sueldo, y `empleados´ al resto del personal”;

“Es decir que la situación escalafonaria se relaciona directamente con el sueldo. Ante las circunstancias de hecho y de derecho descriptas de modo preliminar, y no negadas por los demandados, cabe recordar que el derecho a una remuneración justa e igualitaria significa igualdad de tratamiento ante igualdad de circunstancias”, apuntó el magistrado.

Alemany sugirió que el mismo planteo podría ser deducido “por un abogado de la matrícula nombrado a partir del 1º de enero de 2017 si demostrase que su remuneración, descontado el impuesto, ha sido reducida con respecto a la que percibía con anterioridad; cuestión que no forma parte del presente juicio”.

A su vez, el camarista Guillermo Treacy, que también votó en mayoría, agregó en ese momento que había que tener en cuenta que “los organismos de aplicación de la norma han manifestado dificultades de interpretación” y que había “resultados incongruentes” en la aplicación de la norma. Sumado a que la interpretación final del precepto en cuestión “no puede quedar librada a la discreción del organismo encargado de los fondos destinados al pago de los salarios y que el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuentan con suficientes atribuciones para precisar la cuestión, por la vía reglamentaria”.

La resolución de la Corte

Los supremos delimitaron la cuestión en conflicto, estipulando que se trataba de un caso en el que se analizaba la procedencia de una cautelar que limita los efectos de una ley “cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. Además, recalcaron que la admisiblidad de estas medidas de no innovar tienen carácter excepcional.

“No existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora”, resumieron los supremos, para quienes, la vigente ley 27.346, que fue sancionada “tras una amplia discusión de los poderes del Estado” resulta “plenamente aplicable

Siguiendo con ese razonamiento, la Corte juzgó que no estaban acreditados en la causa los recaudos para que proceda una cautelar dado que los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora invocados por la Cámara “resultan dogmáticos e insuficientes” para admitirla

“No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos”, consignaron los ministros del Máximo Tribunal.

En ese mismo sentido, para la Corte no se precisó cuál era el peligro en la demora que se derivaría para la actora la aplicación de la ley, que permitiera concluir que la suspensión de su aplicación “es imprescindible para lograr que una eventual sentencia a favor de la actora no se torne ilusoria respecto de sus derechos”.

“No existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora”, resumieron los supremos, para quienes, la vigente ley 27.346, que fue sancionada “tras una amplia discusión de los poderes del Estado” resulta “plenamente aplicable” a los beneficiarios de la medida cautelar revocada “sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto debatido”.

El presidente y vice del Máximo Tribunal ampliaron los fundamentos del fallo, y agregaron en su voto concurrente que lo considerado “no puede implicar negar ni limitar en modo alguno el derecho del que gozan los magistrados —al igual que todo ciudadano— de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos, incluyendo la facultad de cuestionar la validez o el alcance de las normas o actos que estimen contrarios a ellos”. Ello, sin que el ejercicio de esa facultad constitucional “pueda significar menoscabo alguno a la integridad con la que desempeñan su magistratura”.