La Justicia de Salta homologó un acuerdo y ordenó a dos empresarios reforestar 11 mil hectáreas en el norte de la provincia. La decisión sentó precedente en el país.
Dos empresarios desmontaron once mil hectáreas y ahora deberán recomponer el daño ambiental. Así lo resolvió la jueza de Primera Instancia Civil de Personas y Familia de Primera Nominación, Claudia Yance, quien homologó en todas sus partes el acuerdo definitivo de “Restauración Ambiental” entre los empresarios y el Ministerio Público Fiscal de Salta.
A mediados de 2013, los empresarios fueron sorprendidos realizando un desmonte sin ninguna autorización que generó un grave perjuicio ecológico y social por las alteraciones relevantes y negativas sobre el ambiente, sus recursos y equilibrio del ecosistema. Se dañaron aproximadamente 11.815 hectáreas ubicadas en el departamento San Martín, provincia de Salta.
Inmediatamente se ordenó la paralización y cese de las tareas, que se estaban realizando o a realizarse conforme el principio precautorio. Sin embargo, los trabajos continuaron y se abrió un proceso penal contra uno de ellos, que derivó en una condena por el delito de desobediencia a la autoridad.
En el caso, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se los condene solidariamente a restaurar el medio ambiente dañado, debiendo volver las cosas al estado anterior al daño. Según el informe pericial, el desmonte ilegal por su “extensión, valor ecológico y social del hábitat afectado, supone un daño con grave perjuicio sobre el equilibrio de los sistemas naturales, cuya regeneración requerirá de 20 años aproximadamente con la participación humana activa para el restablecimiento de los servicios ecosistémicos que brindaba el bosque”.
“En el derecho ambiental no solo hay víctimas individuales sino también víctimas colectivas y entre ellas encontramos a las generaciones futuras, de manera que debemos repensar el concepto clásico de ´no dañar al otro´ en el derecho ambiental”, concluyó la magistrada al homologar el acuerdo.
En este escenario, la jueza Yance señaló que “nos encontramos ante un claro caso de daño al ambiente puro o general, en donde a raíz del desmonte ocasionado se vio afectado todo un ecosistema que es necesario reparar a los fines de no comprometer generaciones futuras y preservar la flora y la fauna existente en el lugar de los desmontes”.
El acuerdo permitirá la reestructuración ambiental escalonada y progresiva en el tiempo, con controles anuales por medio de los organismos dependientes de la Autoridad de Aplicación Ambiental de la provincia -Ministerio de Agricultura de la Provincia, con una intervención activa del INTA-, objetivos especificados a ejecutarse y un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento por parte de las partes intervinientes.
“En el derecho ambiental no solo hay víctimas individuales sino también víctimas colectivas y entre ellas encontramos a las generaciones futuras, de manera que debemos repensar el concepto clásico de ´no dañar al otro´ en el derecho ambiental”, concluyó la magistrada al homologar el acuerdo.