Las entidades aceptaron de manera voluntaria suspender las ejecuciones hipotecarias hasta el 1 de febrero de 2003. El gesto de los bancos apunta a lograr un acercamiento entre los deudores y las entidades acreedoras. La decisión fue acordada en un encuentro del que participaron el titular del Palacio de Hacienda y los presidentes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, y el presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Carlos Heller. También se realizará un relevamiento para determinar cuál es la magnitud del problema.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía informó que “el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete mantuvo una reunión con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPRA), durante la cual se solicitó que dentro de los mecanismos de mercado y, por ende, en forma voluntaria, las entidades financieras prorroguen eventuales ejecuciones de garantía”.
”El objeto de esta prórroga es dar tiempo para una mejoría en la capacidad de pago de los tomadores de créditos.”
Asimismo, continúa diciendo, “se acordó durante este plazo hacer un relevamiento detallado, dado que los datos de deudores involucrados en el sistema financiero que han circulado se consideran fuertemente sobreestimados”.
”Las Asociaciones de Bancos coincidieron con esta propuesta y acordaron suspender voluntariamente las ejecuciones de garantías hasta el 1° de febrero de 2003”.
Por otra parte, en su habitual conferencia de prensa matinal, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, señaló que la prórroga "es para dar una mejora en los plazos". También había afirmado que no era intención del Gobierno “llevar adelante un decreto para postergar las ejecuciones" hipotecarias.
Atanasof concurrirá mañana al Senado para seguir la estrategia del consenso. Sucede que el funcionario le había garantizado a un grupo de diputados, el miércoles último, que el Poder Ejecutivo emitiría un decreto de necesidad y urgencia para prorrogar los remates por otros 30 días hábiles, lo que en los hechos significaba una postergación (feria judicial mediante) hasta febrero del 2003.
Pero la suspensión de las ejecuciones fue criticada por el Fondo Monetario Internacional, por lo que el Gobierno resolvió no prorrogarlas, con temor a que se demore la firma del acuerdo.