Así el Reglamento aprobado será de aplicación “en los casos en que el MINISTERIO DE ECONOMIA, en su carácter de autoridad de aplicación del proceso de renegociación de contratos de obras y servicios públicos, resuelva efectuar la convocatoria pública a participar del procedimiento de Documento de Consulta”.
En cada caso, el Ministerio de Economía dispondrá efectuar la convocatoria pública para participar en el llamado “Procedimiento de Documento de Consulta”.
Dicha decisión se formalizará mediante el dictado del acto administrativo pertinente, el que será publicado por tres días consecutivos en el Boletín Oficial. Asimismo, se procederá a su publicación por un día en un diario de circulación nacional.
Esta convocatoria especificará el tema de la consulta; el lugar físico donde el Documento de Consulta se encontrará disponible, para tomar vista y efectuar las presentaciones; la página web donde se podrá consultar el Documento, y la dirección de correo electrónico a la cual podrán remitirse las observaciones, opiniones y comentarios; los plazos previstos para tomar vista de las actuaciones administrativas, y para la presentación de observaciones, opiniones o comentarios; y el término en que la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos informará sobre el desarrollo del procedimiento.
A su vez, esta Comisión también comunicará la convocatoria a las empresas concesionarias involucradas, la Autoridad de Aplicación del Contrato, el Organismo de Control pertinente, las provincias y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las Comisiones de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso y la Comisión Bicameral creada por el Artículo 20 de la Ley N° 25.561, la Secretaría de Defensa de la Competencia, las asociaciones de usuarios debidamente registradas y cualquier otra institución pública o privada “cuya opinión se considere relevante”.
Además, podrá participar en el procedimiento, toda persona física o jurídica, privada o pública que invoque un interés legítimo o derecho subjetivo, simple o difuso, las organizaciones de usuarios y consumidores reconocidas por la autoridad administrativa correspondiente, organismos o autoridades públicas nacionales, provinciales o municipales, el Defensor del Pueblo de la Nación y los Defensores del Pueblo de aquellas jurisdicciones involucradas.
De todas maneras, se aclara que las observaciones, opiniones y comentarios expresados por los interesados no tendrán efecto vinculante respecto a las consideraciones que formule la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, o las posiciones que en definitiva adopte el Ministerio de Economía sobre el tema en consulta.
Este camino ideado desde el Palacio de Hacienda se muestra como una alternativa al sistema de audiencias públicas. Recordemos que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y entidades de usuarios y consumidores presentaron ante la justicia en lo Contencioso Administrativo federal un pedido de medida cautelar para que se dejen sin efecto las nuevas audiencias que comenzarán el próximo 18 de noviembre.
Los defensores de los usuarios y consumidores interpusieron el pasado 8 de noviembre una ampliación de la acción presentada semanas atrás, en donde por un fallo de la juez Claudia Rodríguez Vidal, consiguieron frenar la primera ronda de audiencias destinadas a tratar el tema del aumento de las tarifas.
En esa oportunidad el gobierno apeló la medida de la magistrada, pero cuando el tema llegó a la Cámara de Apelaciones, el tribunal de alzada resolvió que el tema era abstracto dado que ya la fecha de las mismas había pasado.
En esta ampliación, que fue también presentada en el juzgado a cargo de Rodríguez Vidal, se pide a la justicia que se declare “la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 487/02 del Ministerio de Economía, de las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la informal convocatoria a audiencia pública aparecida en diarios de circulación nacional, que habría sido convocada por el Ente Nacional de Regulación del Gas – ENARGAS para permitir el aumento tarifario de los servicios públicos”.
Para los demandantes, con estas nuevas convocatorias, que comenzarán el próximo 18 de noviembre en donde se debatirá las tarifas la suba de tarifas de gas, “se está buscando consumar un aumento sin renegociación del contrato” .