Este año, el Congreso encajonó el pliego de Inés Weinberg de Roca como procuradora general de la Nación. También se postergó por falta de acuerdo parlamentario los nombramientos del Defensor del Pueblo de la Nación y el Defensor del Niño.
Finaliza el 2018 y el Congreso dejó pendientes designaciones de gran importancia, tales como la postulación al cargo de Procurador General de la Nación y los nombramientos del Defensor del Pueblo de la Nación y el Defensor del Niño.
La Procuración General de la Nación se encuentra vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en diciembre de 2017. Eduardo Casal cubre interinamente el cargo por ser el procurador ante la Corte Suprema de Justicia con más antigüedad. Simultáneamente, el Gobierno nacional envió al Senado el pliego de la jueza Inés Weinberg de Roca.
Tras la etapa de adhesiones e impugnaciones, la actual integrante del Superior Tribunal de Justicia porteño concurrió al Congreso en julio pasado, cuando defendió su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sin embargo, el pliego quedó “trabado” en el Senado por falta de acuerdo entre los diferentes bloques.
El mismo destino sufrió la designación del Defensor del Niño, cargo en 2005 por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), que establecía un plazo de 90 días para su nombramiento, y está vacante desde entonces, hace más de 13 años.
De igual forma, la Cámara Alta encajonó la designación del defensor del pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde 2009 cuando Eduardo Mondino renunció. Tras varios intentos fallidos, el Congreso postergó el debate por falta de acuerdo parlamentario para designar al reemplazante, lo que significa que este año no habrá nuevo ombudsman.
El mismo destino sufrió la designación del Defensor del Niño, cargo en 2005 por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), que establecía un plazo de 90 días para su nombramiento, y está vacante desde entonces, hace más de 13 años.
Distintas organizaciones de la sociedad civil se unieron para reclamar la designación e interpusieron un amparo con sentencia favorable. Finalmente, la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se conformó y convocó a un concurso público de antecedentes y oposición. Las etapas de evaluación culminaron en 2018, con catorce postulantes finalistas, pero la Bicameral “congeló” la ponderación final del candidato y la cuestión quedó fuera de las sesiones extraordinarias de diciembre.