La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires responsabilizó al Estado por el homicidio de dos menores cuya madre denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades a su ex esposo y padre de sus hijos.
En los autos "García, Mabel Adriana contra Poder Ejecutivo s/ pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", la Corte bonaerense admitió la demanda interpuesta por una mujer contra el Estado por el homicio de sus dos hijos por parte de su ex pareja.
El hecho ocurrió en el año 2010 cuando Ariel Rodolfo Bualo degolló a los dos niños de 4 y 2 años en uno de sus días de visita. La mujer relató que denunció al asesino en varias oportunidades pero la Justicia de Mar del Plata no hizo lugar a sus pedidos y ordenó que se fije un régimen de visitas.
En la sentencia, los jueces de la Corte afirmaron que "los hechos hubiesen sido distintos de haberse tomado medidas adecuadas, o aunque fueran mínimas" para dejar de alimentar "esa sensación de impunidad típica del individuo violento a quien nadie pone límites".
El fallo, que lleva la firma de Héctor Negri, Eduardo de Lázzari, Hilda Kogan, Luis Genoud y Eduardo Petiggiani, sostiene que resulta evidente que ante la búsqueda de seguridad y justicia efectuada por denunciante, "los órganos del Estado incurrieron en una falta de servicio, en una actuación deficiente. Hubo dilación en la toma de medidas, indiferencia ante los distintos indicadores que oportunamente fueran puestos en conocimiento".
En esa línea, los miembros del Superior Tribunal provincial agregaron que "el escenario de violencia creciente imponía la necesidad de tratamiento urgente y, la omisión en el accionar estatal resultó apta para ocasionar el daño".
"Las deficiencias en el desempeño de los órganos estatales, contribuyeron en la producción y consecuencias del evento dañoso, tienen relevancia causal pues posibilitaron la consumación de los hechos que tuvieron como desenlace fatal el filicidio perpetrado", expresa la resolución.
En la sentencia, los jueces de la Corte afirmaron que "los hechos hubiesen sido distintos de haberse tomado medidas adecuadas, o aunque fueran mínimas" para dejar de alimentar "esa sensación de impunidad típica del individuo violento a quien nadie pone límites".