El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, firmó un convenio marco con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta, Marcelo López Arias, para la transferencia del Registro Público de Comercio a la competencia del Poder Ejecutivo. El traspaso está contemplado en la Ley 8086, la cual establece que, a partir de su entrada en vigencia, la Inspección General de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia será la autoridad competente de contralor, fiscalización y registro dentro de la jurisdicción provincial en materia societaria, conforme lo establecido por la ley de fondo. En tal sentido, la norma dispone que la totalidad de los archivos, registros, fichas y libros de protocolo relacionados al registro de sociedades deberán ser remitidos por el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro, previo inventario, a la Inspección de Personas Jurídicas.