El Superior Tribunal de Río Negro dispuso que todas las capacitaciones con perspectiva de género y derechos humanos dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrán carácter obligatorio para todos los miembros del Poder Judicial de la provincia.
En su primera Acordada del año, el Máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro estableció que, de ahora en más, “las capacitaciones que dispongan la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Género del Poder Judicial, en perspectiva de género y derechos humanos, tienen carácter obligatorio para quienes resulten destinatarios o destinatarias”.
Los ministros provinciales dispusieron que la Oficina de Género remita al STJ un registro de asistentes a las capacitaciones y a la Oficina de Género que, junto al Centro de Planificación Estratégica, deberán elaborar sistemas de evaluación que permitan medir el impacto de las capacitaciones previstas.
La medida se inscribe dentro de lo dispuesto en la sanción de la Ley Nacional N° 27.499, denominada “Ley Micaela”, que estableció “la obligatoriedad de capacitar y capacitarse en materia de perspectiva y violencia de género a quienes forman parte de alguno de los tres poderes del Estado".
El Poder Judicial de Río Negro cuenta con cronogramas anuales de capacitación y hace varios años que la temática de perspectiva de género es una de las premisas formativas. Esta decisión de los miembros del Superior Tribunal es una avance más, al declarar la obligatoriedad de asistencia, en consonancia con la “Ley Micaela”.
En los argumentos de la Acordada se recuerda que los Tratados Internacionales, las Convenciones como Belem Do Pará, las leyes nacionales y provinciales promueven la erradicación de la violencia contra la mujer.
Por último, la acordada resaltó que “es objetivo de este Superior Tribunal profundizar las políticas de formación y capacitación de todo el personal del Poder Judicial de la Provincia”.
La medida se inscribe dentro de lo dispuesto en la sanción de la Ley Nacional N° 27.499, denominada “Ley Micaela”, que estableció “la obligatoriedad de capacitar y capacitarse en materia de perspectiva y violencia de género a quienes forman parte de alguno de los tres poderes del Estado".