El Gobierno decidió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de ley que impone capacitaciones obligatorias en cuestiones de género para todos los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado.
El Gobierno nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias la ley que impone la capacitación obligatoria en género para todos los funcionarios y agentes que integran los tres poderes del Estado. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas de Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El tratamiento fue solicitado por grupo de diputados de la oposición y cuenta con dictamen de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y de Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa es conocida como “Ley Micaela”, en homenaje a la joven entrerriana que fue halla sin vida el 8 de abril de 2017. La justicia penal de la provincia encontró responsable del crimen a Sebastián Wagner, quien estaba en libertad condicional a raíz de una resolución dictada por el juez Carlos Rossi, en su calidad de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Gualeguaychú.
“El presente proyecto de ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado; entendido no como una mera elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señala el texto.
“Nuestro país, pese a la contundencia y claridad de las obligaciones y recomendaciones internacionales para que se capacite en temas de género a las personas que cumplen funciones en el Estado, sólo ha habido esfuerzos esporádicos y espasmódicos que no satisfacen los recaudos arriba expuestos”, sostiene el proyecto, el cual impone que todos los funcionarios conozcan la Constitución, en particular, las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres.
De este modo, se establece la "capacitación obligatoria" en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Según el proyecto, las personas que "se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate". También establece que el incumplimiento de dicha intimación "será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres".
“Nuestro país, pese a la contundencia y claridad de las obligaciones y recomendaciones internacionales para que se capacite en temas de género a las personas que cumplen funciones en el Estado, sólo ha habido esfuerzos esporádicos y espasmódicos que no satisfacen los recaudos arriba expuestos”, sostiene el proyecto, el cual impone que todos los funcionarios conozcan la Constitución, en particular, las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres.