La Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobierno provincial sobre extinción de dominio, que habilita a la justicia civil a disponer la recuperación de los bienes que provengan de la corrupción, aunque no exista una sentencia definitiva en el proceso penal. La iniciativa cosechó el voto favorable de Cambia Mendoza, Protectora, PI y el bloque del PJ, y votaron en contra el FIT y Unidad Ciudadana (UC). El proyecto aprobado “prevé que esta acción procesal se concrete cuando se presuma que ciertos bienes han sido adquiridos tras la realización de los siguientes delitos: prostitución de menores, comercialización de pornografía infantil, proxenetismo, secuestros, fraude en la administración pública, asociación ilícita y otras formas de corrupción”. La iniciativa establece que los bienes recaudados obtenidos serán administrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mientras que los ingresos que lleguen a Rentas tras las subastas previstas serán destinados a la “construcción y reparación de escuelas públicas en la provincia”. En caso de que la persona “sospechada sea declarada inocente, se le devolverá lo decomisado gracias a la creación de un Fondo de Garantía”, añadió la norma. Esta Ley, dispuso también que el plazo y cómputo de la prescripción se regirá por las disposiciones de la Ley de fondo y modifica aspectos del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley 9.001, al que se le incorpora la “prescripción adquisitiva y extinción de dominio”.