En diálogo con Diario Judicial, Nicolas Blanco, hijo del fallecido juez electoral Humberto Blanco y Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal Bonaerense, afirmó que "ante cualquier problema propio de la vida en comunidad, se pretende que derecho penal brinde una solución", ante lo cual, en su opinión, el Poder Judicial no puede brindar soluciones totales.
Ante el Tribunal de Casación hay seis Defensores Oficiales que intervienen ante las seis salas que componen el Cuerpo. En el reportaje brindado a Diario Judicial, el defensor público ante la Casación, Nicolás Blanco, explicó que el cúmulo de trabajo de un defensor público "es muy alto, independientemente de la instancia en la que se trabaje". Así, el trabajo es dividido entre todos los que conforman el grupo, dividiendo la tarea conforme las distintas subespecialidades que presenta.
Sobre la prioridad a la hora de asignarse los imputados, afirmó que "por un lado, resulta que todos los casos en los que interviene la defensa pública merecen la misma prioridad, porque casi siempre lo que está en juego es la libertad personal y ésta vale lo mismo en todos los casos independientemente de la persona que pueda verse afectada".
"Luego, sí ocurre que a veces se presentan casos en los que a criterio de uno puedan advertirse fallos que consagran injusticias palmarias y se hace imperioso tratar de revertir esa situación con todos los medios a nuestro alcance. Lo que no quita que siempre se ponga el mayor empeño en la tarea que uno lleva a cabo, sólo que hay casos en los que uno tiene mayor expectativa de revertir las decisiones que aparecen a todas luces como injustas. En cualquier caso, el esfuerzo en que se respeten las garantías constitucionales que tiene todo ciudadano, se realiza siempre", agregó en el reportaje, publicado esta semana.
En los últimos años, opinó que ante cualquier problema propio de la vida en comunidad, se pretende que derecho penal brinde una solución, y descree que el derecho penal y con él el Poder Judicial puedan brindar la solución a esos problemas
Para Blanco, consultado sobre un aumento de delitos leves en la actualidad, aseguró que muchos conflictos sociales originados en la comisión de delitos leves o de poca entidad, antes se resolvían sin acudir a la justicia penal, sino con métodos alternativos de solución, judiciales o no. Según el Defensor, hoy en día pretenden solucionarse prácticamente todos los conflictos que se generan entre los ciudadanos a través del Poder Judicial, y dentro de este a su vez, echando mano al derecho penal. Eso repercute directamente en el trabajo de los Defensores Oficiales, al igual que de los fiscales y jueces penales.
En los últimos años, opinó que ante cualquier problema propio de la vida en comunidad, se pretende que derecho penal brinde una solución, y descree que el derecho penal y con él el Poder Judicial puedan brindar la solución a esos problemas. Aseguró que intenta que su relación con la gente que defiende sea la más amena posible, pero que, muchas veces, al no haber elegido la persona sometida a proceso el Defensor que la va a asistir, sino que lo hace el Estado, en un principio esa persona no tiene confianza en el Defensor público que le ha tocado.
Por último, hablo de los juicios por jurados, considerando que su incorporación a la Provincia de Buenos Aires ha sido saludable, ya que el jurado, a través de su participación, en los juicios penales, aumenta el conocimiento del público respecto del sistema de justicia criminal, y al aumentar ese conocimiento por la participación pública creo que refuerza la confianza de la sociedad en ese sistema.
"Los Juicios por Jurados se limitan únicamente a la apreciación de los hechos, es decir a decidir si al cabo del juicio los hechos se produjeron del modo en que lo propone la Fiscalía, o sí por el contrario ello no logró acreditarse de ese modo, sin que el jurado efectúe consideraciones jurídicas, las cuales quedan reservadas al juez técnico, al juez tradicional", indicó.
"Ello lleva a que ahora, tanto la defensa como la fiscalía presenten las pruebas para ser interpretadas por ciudadanos comunes, es decir, el juicio penal ya deja de ser realizado por profesionales del derecho, para ser realizado por el ciudadano común, que va a actuar como juez de los hechos. Ello yo creo, y repito, que lleva al entendimiento y a la compresión de todo el sistema penal por parte de la ciudadanía, y creo que ello refuerza la confianza en ese sistema" concluyó el Defensor.