A raíz de una denuncia presentada ante la justicia federal en 2014 por un entonces interno de la Unidad 4 del Sistema Penitenciario Federal, quien afirmó haber sido torturado por dos dos agentes penitenciarios, el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, requirió la elevación a juicio de los imputados. La víctima aseguró haber sido llevada a una oficina luego de haber sido requisada donde habría recibido palazos en la espalda y las costillas y, una vez en el piso, le habrían propinado patadas y golpes de puño. También expresó que le manifestaron saber que había denunciado a un compañero de ellos en la Unidad 6 y “no se la iban a dejar pasar” y que “no iba a poder vivir en ningún penal del país”, antes de ser llevado al pabellón sin ser atendido por un médico. En ese orden, Gomez Barbella destacó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprometen a los estados firmantes a “asumir la responsabilidad de prevenir y sancionar los tratos crueles y la tortura a las personas privadas de la libertad, a quienes deben garantizar su dignidad y derechos humanos, toda vez que se encuentran subordinados bajo su custodia”.