El tribunal entendió que en la investigación que lleva adelante el juez federal Jorge Luis Ballestero, “restan acreditar circunstancias objetivas y subjetivas en la figuras penales” que se atribuyen a los procesados.
La resolución fue dictada a partir de la apelación de las defensas de Erman González, Eduardo Tesorieri, quien integró el directorio de Tandanor en representación del 10 por ciento de las acciones que habían quedado en manos del Estado Nacional, y de los ex funcionarios Andrés Juan Vlastó y Alejandro Bofia, a quienes se les imputaron cargos por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de una Administración Pública y falsedad ideológica, entre otros.
En los fundamentos de la medida, el tribunal apuntó a la insuficiencia de elementos probatorios en el expediente para demostrar la existencia de esos delitos, por presuntas “irregularidades cometidas en la licitación y venta” de Tandanor.
En ese proceso realizado en el marco de la Ley de Reforma del Estado en 1991 se vendió el 90 por ciento las acciones de la empresa que pertenecía al área del Ministerio de Defensa a la firma Inversora Dársena Norte SA (INDARSA).
Según el tribunal “el plexo probatorio resulta insuficiente para afectar procesalmente a este sumario a los imputados, máxime si se contraponen a él las constancias arrimadas al expediente” por sus defensas.
Entienden también que “debería demostrarse previamente que el perjuicio” ocasionado con la venta y privatización “habría sido menor en el caso de que el Estado Nacional volviese a retomar el mantenimiento de Tandanor, con todos los costos económicos y financieros que ellos pudiere implicar”.
Respecto de Erman González, quien ejercía la titularidad de la cartera de Defensa, la Cámara señaló que “no resulta suficiente” lo enunciado en el fallo de primera instancia para corroborar “que conocía que estaba defraudando al Estado Nacional o en su defecto que estaba favoreciendo a las sociedades que conformaban el consorcio adjudicatario de las acciones de Tandanor”.
Asimismo, advierten los camaristas que el hecho que Erman González no hubiera adoptado los recaudos necesarios para evitar que se cometieran irregularidades no significa que “procedió dolosamente en tales ocasiones”.
Luego de analizar la causa, la Cámara dispuso “profundizar la pesquisa” requiriendo la obtención de los documentos que fueron evaluados por la Comisión de Preadjudicación, y ordenó al juez que se llame a prestar declaración a sus integrantes, que representaban a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, a la Secretaría de Planificación y del Ministerio de Economía.