Con el objetivo de proteger a las víctimas de abuso sexual, se presentó un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal bonaerens,e para que no se admita como prueba referida el comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.
Impulsada por la diputada del Frente Para la Victoria, Lucía Portos, se presentó "Ley Abrazo", un proyecto para reformar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y evitar la revictimización de las personas víctimas de abusos sexuales durante el proceso judicial.
Puntualmente, el proyecto señala que "en los procesos por delitos contra la integridad sexual de las personas no podrá admitirse prueba referida al comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo". Asimismo, “no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual”, para evitar lecturas estereotipadas sobre el consentimiento.
El proyecto quiere evitar la apertura de líneas de investigación que indagan sobre la vida y el pasado sexual de las víctimas "habilitando el maltrato y la humillación de quienes denuncian o de niñas y adolescentes donde estos delitos deben ser investigados de oficio".
"Los códigos procesales deben establecer reglas que no permitan avanzar sobre la intimidad de las personas, así como inferencias sobre la existencia de consentimiento sin base probatoria. Los argumentos estereotipados son discriminatorios y dejan desprotegidas a las personas en la sustanciación de los procesos donde se investiga y juzga la violencia sexual", expresaron los diputados bonaerenses.
En esa línea, los legisladores agregaron que: "La revictimización funciona con un peso muy fuerte disuadiendo a las personas de realizar denuncias, cuando estas defensas, tan ineficientes -pues no tienen relación con la conducta juzgada- como dañinas, son permitidas dentro del proceso".
En el comunicado emitido, los diputados resaltaron que la Cámara de Diputados de la provincia tiene la obligación constitucional de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, en este sentido la CEDAW y la Convención Belem Do Pará ponen especial énfasis en el deber de los estados en remover estereotipos de género, así como el derecho a ser valorada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
El proyecto quiere evitar la apertura de líneas de investigación que indagan sobre la vida y el pasado sexual de las víctimas "habilitando el maltrato y la humillación de quienes denuncian o de niñas y adolescentes donde estos delitos deben ser investigados de oficio".