Un dictamen fiscal opinó que no es delito difundir consignas anarquistas en calcomanías y redes sociales. Además, se pidió a los funcionarios judiciales que dirijan sus esfuerzos a casos de mayor complejidad.
El fiscal federal Franco Picardi desestimó una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación para que se localizara y sancionara a los responsables de pegar calcomanías con consignas anarquistas en una estación de tren y difundir panfletos digitales en redes sociales.
Para el Ministerio de Seguridad, los afiches que fueron pegados en la estación Liniers de la Línea Sarmiento significó una incitación a la violencia colectiva contra la institución de Gendarmería y le pidió a la Justicia que indague sobre los responsables y se imponga la máxima escala penal aplicable, que es de seis años de prisión.
Los panfletos difundidos contenían dibujos de una camioneta de Gendarmería incendiada y por las redes sociales se publicaron ideas anarquistas en memoria de Santiago Maldonado.
“Resultaría francamente irrazonable derivar de las manifestaciones y enunciaciones denunciadas, aún a título de mera posibilidad, que alguien pudiera, a partir de la lectura veloz en una estación de tren de una calcomanía, verse inducido a planear y ejecutar el incendio de patrullas o vehículos pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina”, sostiene el dictamen.
Para el representante del Ministerio Público “se caracterizan por ser vagas y genéricas, pues del llamamiento a “transformar el dolor en rabia y la rabia en acción” o a “desplegar hermosas creatividades” en actividades como marchas, mítines, etc.; no se puede colegir una necesaria instigación a la comisión de delitos determinados”.
“Las circunstancias que rodean el discurso que se pretende criminalizar implican un asunto de relevancia pública, institucional y comunitaria que conmocionó a la sociedad argentina y que trascendió incluso las fronteras nacionales, motivando por entonces la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas”, añadió Picardi.
Los panfletos difundidos contenían dibujos de una camioneta de Gendarmería incendiada y por las redes sociales se publicaron ideas anarquistas en memoria de Santiago Maldonado.
Para la fiscalía no hubo delito y resaltó que “libertades que hacen a la esencia del sistema democrático, de lo que se desprende el protagonismo de aquellas garantías constitucionales que amparan la libertad de pensamiento y de expresión, las que exigen la aplicación de un criterio restrictivo para precisar las conductas que, escapando a tal protección, serán alcanzadas por el derecho penal, máximo nivel de interferencia del Estado en el individuo”.
Finalmente, el fiscal advirtió al poder judicial sobre “la necesidad de que el sistema de administración de justicia dé respuestas diferenciadas de acuerdo a las problemáticas concretas de cada caso, y oriente los esfuerzos de funcionarios judiciales hacia los casos de mayor complejidad y/o trascendencia social”.