Con esa presentación la mandataria provincial terminó con una semana en donde virtualmente se instaló en el Palacio de Justicia y consiguió lo que pocos: ser atendida por casi todos lo ministros del alto cuerpo de justicia.
La gobernadora puntana justificó el pedido a raíz de “la gravedad institucional” y en razón de que estas cuestiones “exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad”.
En el escrito, Lemme afirmó que “todos los habitantes de la provincia de San Luis se encuentran afectados” ya que indicó que la falta de resolución por parte de la Corte genera que desde el Ejecutivo puntano “no se pueda cumplir con los compromisos de obra pública asumidos”.
En declaraciones a la prensa, Lemme adelantó que la idea de la solicitud es que la Corte Suprema de Justicia resuelva el tema de los fondos de San Luis antes de fin de año.
En ese sentido, comentó que durante la jornada tuvo la oportunidad de encontrarse con Julio Nazareno, quien le comentó que los ministros están trabajando al tema, aunque no le adelantó para que fecha el tema podría empezar a solucionarse.
Durantes estos tres días la gobernadora logró hablar personalmente con Nazareno, Eduardo Moliné O`connor, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano, en tanto que en forma telefónica charló con Carlos Fayt y Guillermo López.
El derrotero de Lemme por el Palacio de Justicia se inició el miércoles cuando se presentó imprevistamente en el Palacio de Justicia y amenazó con quedarse todo el tiempo que fuera necesario hasta que los ministros de la Corte Suprema no la atendieran y le dieran algún tipo de solución respecto de los ahorros puntanos que aún permanecen atrapados por el corralito financiero..
Para la mandataria, que reemplaza en sus funciones al precandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá, el tema de que San Luis tenga cerca de 247 millones de dólares dentro del corralito se puede leer como “una intervención a una provincia por parte del Estado Federal”.
Para solucionar el tema y acercar las posiciones la Corte Suprema había convocado a San Luis y al Gobierno Nacional, pero dado que las mismas fracasaron decidió realizar una tercera audiencia que se celebró el 16 de mayo en donde los ministros decidieron elaborar dos propuestas para que el conflicto llegara de una vez a una solución.
En esa oportunidad la primera fue realizada por el ministro Vázquez y consistió en que los depósitos puntanos volvieran a su estado original, dólares, y que fueran reprogramados mediante la emisión de bonos o certificados de plazos fijos con vencimiento en agosto del 2005. Además, se obligaba a que el Banco Nación entregue a la gobernación por lo menos el 10 por ciento del total de los depósitos, que suman 234 millones de dólares, en efectivo.
En tanto, la segunda de las alternativas que se presentó, y que fue avalada por todo el tribunal, prevé que la provincia efectuará un retiro de sus fondos según sus necesidades presupuestarias, pero siempre de acuerdo a las normas vigentes que regulan la extracción de dinero. El resto del dinero se devolvería con bonos a convenir entre las partes.
Al expresar su posición San Luis hizo un “mix” de las dos posibilidades y manifestó que si bien aceptaba la "pesificación" de sus depósitos, exigiría a cambio una compensación por la diferencia que media entre 1,40 pesos por cada dólar y la cotización de la divisa estadounidense en el mercado libre.
Por su parte, el último 31 de mayo el Estado nacional le solicitó a la Corte Suprema de Justicia una prórroga en los plazos para que el Máximo Tribunal resuelva el reclamo de la provincia de San Luis por los 247 millones. El pedido a la Corte fue efectuado por el procurador general del Tesoro, Rubén Citara, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Economía y el Banco Nación, donde se encuentran depositados la mayoría de los fondos de la provincia