La presentación la formuló la propia gobernadora y, según afirmó, esta se suma a la que había interpuesto el último 6 de diciembre en donde ya había reclamado que los miembros de la corte no descansaran el en verano y que trataran el reclamo de la provincia.
En ese sentido, Lemme afirmó que se debió presentar nuevamente el pedido ya que tan sólo el ministro Adolfo Vázquez se había pronunciado a favor de ese recurso y en cambio el resto del cuerpo coincidió en que tales escritos de debían presentar durante enero.
Asimismo, la gobernadora enfatizó que “la Corte no se puede tomar vacaciones” cuando esta en juego un pedido tan importante como lo es el reclamo de la devolución de los fondos de la provincia.
Al respecto, apuntó que “no existe justificativo alguno” para que el expediente que se inició el 27 de febrero de 2002 aún no se haya resuelto cuando existe un dictamen favorable a la provincia del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.
Recordemos que durante las primeras semanas de diciembre, Lemme virtualmente se atrincheró en el Palacio de Justicia con la intención de entrevistarse con varios ministros, a fin de reclamar por la pronta solución del los fondos provinciales que están retenidos por los alcances del decreto 1570/02.
Durantes esos días la gobernadora logró hablar personalmente con Nazareno, Eduardo Moliné O` Connor, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano, en tanto que en forma telefónica charló con Carlos Fayt y Guillermo López.
Para la mandataria, que reemplaza en sus funciones al precandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá, el tema de que San Luis tenga cerca de 247 millones de dólares dentro del corralito se puede leer como “una intervención a una provincia por parte del Estado Federal”.
Para solucionar el tema y acercar las posiciones la Corte Suprema había convocado a San Luis y al Gobierno Nacional, pero dado que las mismas fracasaron decidió realizar una tercera audiencia que se celebró el 16 de mayo en donde los ministros decidieron elaborar dos propuestas para que el conflicto llegara de una vez a una solución.
En esa oportunidad, la primera propuesta fue realizada por el ministro Vázquez y consistió en que los depósitos puntanos volvieran a su estado original, dólares, y que fueran reprogramados mediante la emisión de bonos o certificados de plazos fijos con vencimiento en agosto del 2005. Además, se obligaba a que el Banco Nación entregue a la gobernación por lo menos el 10 por ciento del total de los depósitos, que suman 234 millones de dólares, en efectivo.
En tanto, la segunda de las alternativas que se presentó, y que fue avalada por todo el tribunal, prevé que la provincia efectuará un retiro de sus fondos según sus necesidades presupuestarias, pero siempre de acuerdo a las normas vigentes que regulan la extracción de dinero. El resto del dinero se devolvería con bonos a convenir entre las partes.
Al expresar su posición San Luis hizo un “mix” de las dos posibilidades y manifestó que si bien aceptaba la "pesificación" de sus depósitos, exigiría a cambio una compensación por la diferencia que media entre 1,40 pesos por cada dólar y la cotización de la divisa estadounidense en el mercado libre.
Por su parte, el último 31 de mayo el Estado nacional le solicitó a la Corte Suprema de Justicia una prórroga en los plazos para que el Máximo Tribunal resuelva el reclamo de la provincia de San Luis por los 247 millones. El pedido a la Corte fue efectuado por el procurador general del Tesoro, Rubén Citara, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Economía y el Banco Nación, donde se encuentran depositados la mayoría de los fondos de la provincia.